¿Qué está pasando en Chocholá, Yucatán? Mafia agraria, despojo, resistencia

El día de ayer, 12 de marzo de 2017, se llevó a cabo una asamblea ejidal convocada por la Procuraduría Agraria (PA) con el objetivo de remover a la comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Cob Durán.

Claudia Cob, una de las pocas comisarias ejidales mujeres en Yucatán, encabeza a un grupo de ejidatarios y pobladores de Chocholá que se oponen a la venta de tierras para que la empresa Próser continúe extrayendo material de construcción y establezca una cementera en Chocholá.

A continuación pueden encontrar una serie de materiales para conocer el conflicto en Chocholá, el funcionamiento de la “mafia agraria” en Yucatán, las asambleas ejidales irregulares para llevar a cabo el despojo de tierras así como la resistencia de los ejidatarios y pobladores de Chocholá, quienes cada vez más cuentan con la solidaridad de miles de personas en Yucatán y otros lugares.

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Aquí, la comisaria Claudia Cob explica el conflicto con la empresa, la PA y los ex comisariados ejidales.

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Aquí, un video breve relata el origen de la extracción de material de construcción desde el año 2004, la explotación ilegal de material de construcción desde el año 2013, así como las consecuencias sociales, económicas y ambientales de dicha empresa:

Asimismo, aquí pueden consultar una cronología sobre los intentos de la empresa y la PA e remover al comisariado ejidal, de noviembre de 2016 a la fecha.

A continuación, una detallada descripción realizada por el antropólogo Alberto Velázquez sobre las asambleas ejidales que han querido remover a la comisaria Claudia Cob.

Asamblea del 26 de febrero de 2017.

 

Asamblea del 12 de marzo de 2017.

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Finalmente, en seguida podrán encontrar un comunicado de la Comisaría ejidal de Chocholá, publicado el 13 de marzo, en el que denuncian el intento de remoción de la comisaria ejidal.

 

Comunicado: Comisaría Ejidal de Chocholá, Yucatán

Lunes 13 de marzo del 2017

 

 

En asamblea plagada de irregularidades la Procuraduría agraria intenta destituir a la comisaría ejidal de Chocholá.

 

Detrás de la intervención de la Procuraduría agraria está el interés de proteger a varios empresarios que quieren apoderarse de 3,500 hectáreas de dicho ejido.

 

El día de hoy, lunes 13 de marzo, ejidatarios y habitantes de Chocholá, Yucatán, se manifestaron a la puerta del Palacio de Gobierno de Yucatán, pidieron la intervención del Gobernador Rolando Zapata, ante el despojo de sus tierras y los abusos cometidos por el delegado de la Procuraduría Agraria, Lic. Omar Corzo Olán.

 

Todo inició ayer, domingo 12 de marzo, cuando se celebraron dos asambleas ejidales en el poblado de Chocholá. La primera en la casa Ejidal, y presidida por la comisaria Claudia Cob. La segunda se llevó a cabo en un improvisado toldo al aire libre, instalado en el parque por un empresa yucateca, y fue presidida por personal de la Procuraduría Agraria. Ambas respondían a la convocatoria oficial emitida por esta autoridad agraria para una asamblea en la que el punto principal era “la ratificación o la remoción del Comisariado y en Consejo de Vigilancia” de esa localidad.

 

En la Casa Ejidal, la comisaria Cob y su equipo mostraron a los ejidatarios las actas de asambleas anteriores en las que ellos habían sido ya ratificados, tanto en 2016 como recientemente en febrero del 2017, incluyendo su debido registro con firma y sello de la propia Procuraduría Agraria. Al revisar estos documentos, los ejidatarios presentes confirmaron que ya no era necesario, ni válido, volver a tocar ese punto, y dieron por terminada la asamblea.

 

Sin embargo, mientras tanto, los representantes de la Procuraduría Agraria continuaron la segunda asamblea con los ejidatarios opositores a Claudia Cob. El objetivo era claramente su destitución, ya que las autoridades insistieron en continuar a pesar de importantes irregularidades:

  • Suplantaron a las autoridades agrarias locales, al cambiar de lugar la asamblea y presidirla ellos directamente, a pesar de que el comisariado ejidal los invitó a pasar a la Casa Ejidal en múltiples ocasiones.
  • Instalaron la asamblea a pesar de no contar con el quórum requerido en la convocatoria: asistieron 279 de los 284 ejidatarios necesarios. De hecho, los funcionarios de la Procuraduría fueron grabados cuando explicaban a la asamblea que –“siempre no”- que ahora esta asamblea sería válida con la presencia de los ejidatarios que llegasen, violando normas agrarias y su propia convocatoria.
  • Permitieron la participación con voz y voto de 30 ejidatarios que estaban castigados por irregularidades cometidas en meses anteriores, por acuerdo de asamblea ejidal también previamente notificado a la Procuraduría Agraria. Algunos de ellos son reconocidos por haber organizado internamente el intento ilegal de venta de más de dos mil hectáreas a prestanombres de la empresa PROSER. Al descontar a estas 30 personas, el número de asistentes es aún más alejado del mínimo requerido y por lo tanto, esta asamblea no era válida desde su inicio.

 

Al concluir su asamblea, el Comisariado Ejidal de Chocholá y más de 300 ejidatarios y otros vecinos asistentes, estuvieron tentados a entrar al lugar donde la Procuraduría Agraria presidía la asamblea, pero decidieron no hacerlo para evitar una confrontación violenta. “No es la primera vez que la empresa intenta enfrentar a unos ejidatarios con otros; nosotros somos vecinos y no queremos que en Chocholá haya divisiones y odio que se quedarán acá por muchos años”, señaló la comisaria ejidal, Claudia Cob. Además, dijo, “necesitamos estar unidos para oponernos a la verdadera amenaza que hay sobre Chocholá, que es la calera ó cementera que se quiere instalar a las afueras del poblado. No estamos contra el parcelamiento o contra el progreso, sino contra los efectos ambientales y en la salud contrarios a la población de Chocholá y de Yucatán!” dijo la comisaria.

 

Esta intervención de las autoridades agrarias ha profundizado, contrario a su función, los conflictos internos y la desconfianza entre la población de Chocholá. Con este intento de remoción de la Comisaria Ejidal actual, y con la creación de conflictos, no hay ninguna ganancia para la comunidad de Chocholá, ni para el estado de Yucatán, otrora conocido por su tranquilidad…. Al contrario, el delegado en Yucatán de la Procuraduría agraria, licenciado Omar Corzo Olán, solo favorece a la empresa privada que busca la instalación de una fábrica de productos cálcicos en el territorio de Chocholá, y a la que se opone su población y la comisaría ejidal Claudia Cob. Dicha construcción ha sido por ahora clausurada por la PROFEPA dado su terrible impacto ambiental…y en la práctica, el delegado Corzo Olán está representando a la empresa privada, intentando quitar de en medio a quienes organizan y lideran la oposición a ese desastre.

 

La población mostró finalmente su desacuerdo, mismo que han manifestado hoy lunes 13 por la mañana, directamente al gobierno del estado de Yucatán, pidiendo su intervención ante la parcialidad y violaciones legales del delegado de la Procuraduría Agraria.

 

 

Datos de contacto:

Comisaría Ejidal de Chocholá:

Claudia Cob Durán.

Tel. 999 156 9058

 

Aquí la petición en Change.orgDetengamos destitución de Claudia Cob, mujer maya que defiende tierras de Chocholá“.

 

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El racismo judicial en México: entrevista a Yuri Escalante

A pesar de las reformas a la Constitución mexicana (1992 y 2001) y la promulgación de leyes en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el racismo contra dichos pueblos sigue presente en las instituciones mexicanas, particularmente en las de impartición de justicia. Este fenómeno es documentado en el reciente libro del antropólogo Yuri Escalante Betancourt, El racismo judicial en México. Análisis de sentencias y representación de la diversidad (Juan Pablos Editores, 2015), quien nos muestra cómo en las sentencias de diversos jueces, los indígenas siguen siendo representados como “ignorantes”, “atrasados”, “aislados”, y criminalizados por actuar de acuerdo con el sistema normativo de sus comunidades.

De acuerdo con la antropóloga R. Aída Hernández, el libro de Escalante “es un excelente ejemplo de los aportes que la academia puede hacer a la documentación del racismo, de sus discursos, sus prácticas y su impacto en la reproducción de la criminalización de los pueblos indígenas” (“El racismo judicial y las policías comunitarias en Guerrero”, La Jornada, 3 de agosto de 2015).

En el marco de su participación como profesor invitado en el curso “Racismo y pueblos indígenas” impartido por la Dra. Eugenia Iturriaga y el Mtro. Rodrigo Llanes en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, y como parte de las actividades del grupo de trabajo “Racismo y pueblos indígenas” (coordinado por la Dra. Iturriaga) de la Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. tuvo la oportunidad de entrevistar a Yuri Escalante y dialogar sobre el problema del racismo judicial en México.

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Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C. [Cayac]: ¿Cómo comenzaste a involucrarte en este tema?

Yuri Escalante [YE]: Pues en la práctica profesional, trabajando en el Instituto Nacional Indigenista [INI], yo trabajé varios años en la Dirección de Procuración de Justicia y dentro de esta dirección estaba un programa de defensoría de indígenas. Mi labor ahí comenzó cuando se modificó el código penal, el código federal y luego los códigos locales, donde apareció una disposición de que los jueces al juzgar indígenas deberían tomar en cuenta la diferencia cultural respecto a la media nacional, es un enunciado más largo, pero esa disposición dio pie a que los jueces comenzaran a solicitar peritajes a la institución. Esa disposición no dice que tienen que ser antropólogos, pero como el tema es el conocimiento de la diferencia cultural, pues como que era la disciplina convocada a serlo. Yo considero que está abierto, puede haber una autoridad indígena que también pueda opinar sobre el tema de la diferencia cultural. Así fue como yo comencé a incursionar en el peritaje antropológico y a meterme en juicios penales en contra de indígenas.

Cayac: Ha habido en México reformas constitucionales a nivel federal y estatal, hay leyes sobre derechos indígenas, hay oficialmente un reconocimiento a la diferencia cultural, pero documentas muy bien que el racismo aún persiste. ¿Cómo explicarías esta continuidad del racismo a pesar del cambio en las leyes?

YE: Por un lado, yo creo que tiene que ver con la característica del campo jurídico, de cómo están diseñadas las leyes. Ese es un problema agudo, porque la disposición que mencioné dice que tomará en cuenta la diferencia cultural, pero lo deja abierto, no dice exactamente para qué, la legislación es muy ambigua. Esa norma va dentro de todo un corpus legislativo, de un conjunto de leyes que está regido por el imperativo de la norma positiva, o sea, nadie puede alegar una forma de vida, un uso o costumbre, nadie puede alegar ninguna razón que vaya en contra de la norma, por eso es un imperativo. Y como muchas instituciones y formas de vida de las comunidades no coinciden con la norma positiva, hay ahí un conflicto legal. Esa es por un lado la problemática.

Por otro lado, sabemos que el juzgador tiene un libre arbitrio para decidir sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, claro, analizando las pruebas. Consideramos que siendo evidente que hay factores culturales que no dañan un bien jurídico importante, aún así, existiendo razones para declarar inocente o exculparlo, sobre todo en los casos en donde el comportamiento obedece a una norma o a una forma de vida diferente que no lesiona derechos de personas, o que no lesiona un bien jurídico importante, aún así, hay sentencias que aunque los exoneran, que los liberan de culpa, lo hacen porque suponen que el indígena es atrasado, que no entendía lo que hacía, y se utilizan conceptos que son denigrantes, aflora el racismo de los juzgadores. Claro, aún existiendo sentencias que los liberan, el criterio o el trasfondo de la decisión sí tiene ese sesgo racista.

“…Hay sentencias que aunque los exoneran, que los liberan de culpa, lo hacen porque suponen que el indígena es atrasado, que no entendía lo que hacía, y se utilizan conceptos que son denigrantes, aflora el racismo de los juzgadores…”.

— Yuri Escalante

En otros casos hay sentencias que sí son condenatorias, por ejemplo, en el libro hablamos de policías comunitarias, de autoridades o personas que tenían encomienda de cazar tortuga para un ritual, mayordomos o fiesteros que cargan fuegos pirotécnicos que están prohibidos por la ley, pero vemos que se realizan estas prácticas, que están normadas por la comunidad, que son actividades públicas por el bien de la comunidad, reúnen todos los requisitos de legitimidad, y aún así son sancionados. Entonces lo que estamos diciendo en el libro es que se criminaliza la forma de vida, se considera que atenta contra los valores de la nación, y por eso consideramos que es una actitud racista: no tolera, no acepta esas formas de vida.

Cayac: Recientemente Teresa Sierra, Aída Hernández y Rachel Sieder [Justicias indígenas y Estado: violencias contemporáneas, CIESAS/FLACSO, México, 2013] han argumentado que se ha agotado el “estado multicultural” y que hemos pasado a un “estado penal”, sobre todo con las últimas reformas en materia de seguridad, la del 2008, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. ¿Consideras que en las últimas administraciones vivimos una mayor criminalización de los indígenas o es algo que viene de tiempo atrás? En el libro te remontas al siglo XIX y documentas cómo ha persistido la criminalización, ¿observas algún cambio con las administraciones recientes?

YE: El libro sobre racismo judicial lo que trata es evidenciar cómo un poder que es público sigue reproduciendo el racismo. Sobre todo lo que sostengo es que el racismo está incrustado en las instituciones, hay un racismo institucional, incluso legal, pero si lo trasladamos a la situación más amplia, a lo que llaman la situación de inseguridad (que en realidad yo no considero que el problema sea la inseguridad, sino más bien un estado que está claudicando de su papel rector y sancionador, sancionador de los delitos que realmente afectan a la ciudadanía), pues sí, la situación es más grave, porque no solamente persiste el racismo, sino que ahora el estado está claudicando de sus funciones más importantes pero mantiene esta función represora que solamente debería actuar en momentos de emergencia. Y ahora la penalización, el que el ejército y las mismas policías estén en las calles, eso señala que hay un fracaso general del proyecto de nación que buscaba una economía sana, una economía propia, y en el que las decisiones políticas se encaminaban al bienestar de la población. Y no, actualmente incluso por colusión, por claudicar de sus facultades, vivimos en una descomposición en la que el que termina de ser afectado es el ciudadano común y corriente; quien se opone, se rebela o está inconforme de ello, en lugar de negociar se reprime, y así lo vemos con las policías comunitarias en Michoacán y en Guerrero. Hay personas, incluso mujeres, que están poniendo su vida contra la delincuencia y ellos son los que terminan en la cárcel. Están los casos de Mireles, de Nestora Salgado. Sí es muy grave la situación pues se está recurriendo al uso de la fuerza en lugar de la negociación y las soluciones políticas. Sí creo que es muy grave, se está agudizando la criminalización.

Nestora Salgado y José Mireles.
Nestora Salgado y José Mireles.

Cayac: Retomas la idea de Laura Nader de “estudiar a los de arriba”, a diferencia de la tradición de la antropología de estudiar a “los de abajo” (los indígenas, los campesinos, los pobres, entre otros). ¿Qué dificultades encontraste para estudiar a los de arriba, a los del poder, en México?

YE: Esa invitación que es muy vieja, ya del siglo pasado, de Laura Nader y otros antropólogos, no es muy fácil porque, como decía uno de los fundadores de la antropología del estado, una de las características de los poderes públicos es que en realidad toman decisiones y actúan como si fueran un poder privado, o sea, las decisiones más importantes las toman alejados de la ciudadanía o en lo oscurito, como se dice vulgarmente, y entonces es muy difícil tener acceso a esos espacios, donde se deciden las cosas más importantes del país. Sabemos que muchas decisiones se están tomando incluso fuera del país, son pactos de transnacionales, de intereses globales, que no tienen mucho que ver con México, y es muy difícil acceder a esos espacios. De hecho, quien lo ha denunciado, como el caso de Snowden, están exiliados, son perseguidos.

En mi caso, como yo trabajé en peritaje antropológico tuve acceso a expedientes. La actuación del poder público es en secrecía, está muy oculto, entonces sí es muy difícil acceder a esos espacios. De hecho si quieres entrevistar a un juez a lo mejor sí te concede la entrevista, pero realmente no te va a describir lo que hace, sólo va a estar justificando su manera de actuar. Yo tuve el privilegio de conocer esos expedientes y cuando platicaba con gente que está en los ámbitos de derechos humanos y defensoría me decían que debería darlo a conocer, y me animé a escribir el libro, porque pensé que era una cuestión que no se conoce mucho. Sí hay muchos trabajos respetables sobre racismo que tienen que ver con prácticas, discursos, etc., pero pienso que el valor que tiene el libro es que saca a la luz expedientes que muy difícilmente se llegan a conocer.

Por ejemplo, puedo decir que cuando estuve en el INI y salió la ley de transparencia, la cual permite que los expedientes judiciales de los procesos que ya terminaron sí pueden ser conocidos, desde nuestra institución hicimos la solicitud pero nunca nos mandaron los expedientes. Estos expedientes [los del libro] me llegaron por estar metido en los casos. Y son una docena de casos, seguro existen muchos más. Sí es muy difícil meterse en esos ámbitos privados de nuestros poderes públicos.

RJM

Cayac: ¿Qué posibilidades y limitaciones tiene el peritaje antropológico en México?

YE: Tiene todo un campo abierto y por trabajar. Por ejemplo, Aída Hernández ha elaborado peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos; hay situaciones graves de violaciones de derechos, como el caso de los yaquis, en el que el Estado de Sonora decidió sustraer agua del río yaqui no teniendo las facultades, porque el agua es de ámbito federal y hay resoluciones de la Corte que apoyan a los yaquis y no ha sido respetado el derecho que tienen ellos al agua. El Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un peritaje de ese tipo, sobre el daño ecológico y cultural que está ocasionando la decisión que tomó el Estado de Sonora. Hay todo un ámbito en donde la antropología puede expresar las controversias de este tipo, las disputas por bienes, cuestiones de medio ambiente, políticas, etc. Está abierto ese espacio, que también tiene que ir de la mano con los defensores, con los litigantes. El derecho internacional y la misma constitución se han modificado para poder incidir ahí, por ejemplo, el derecho de amparo que ahora permite que también te ampares utilizando un instrumento internacional. Sí hay todo un campo, pero tiene que ver también con las mismas transformaciones del sistema jurídico, de los defensores.

El año pasado hice un peritaje sobre el daño cultural a las comunidades que están en la cuenca río Lerma por actuaciones que hizo el Gobierno del Distrito Federal, el cual firmó un convenio con el Estado de México. Estos se llevaron agua, hicieron pozos y nunca consultaron a las comunidades. Entonces lo están haciendo retroactivo, sobre el daño cultural que causó el trasvase del agua al Distrito Federal.

En el caso del ámbito penal, que es en el que más trabajé, sí me encontré con un callejón sin salida; sí hubo sentencias benévolas, otras no; incluso los que salieron exonerados fueron con criterios prejuicidados, con criterios racistas. En ninguno de los casos se reconoció que existiera un sistema normativo, o que esa práctica fuera legítima, a pesar de que se presentan los peritajes de que es evidente que es una práctica cultural que a todas luces no afecta a terceros ni al medio ambiente. Simplemente son prácticas que no coinciden con nuestro sistema positivo, por eso les llamamos delitos de “lesa cultura”: ofenden nuestra cultura más que nuestras normas.

Cayac: En el libro te declaras a favor del pluralismo jurídico pero también eres crítico de las visiones idílicas y románticas sobre los pueblos indígenas y las tradiciones; ¿cómo conciliar ambos aspectos, el reconocimiento de lo plural, la autonomía, cómo delimitar qué prácticas ya no son tolerables?

YE: Estoy de acuerdo con el principio de que existe el pluralismo jurídico y es más el daño que hacemos al no reconocerlo que al reconocerlo. Es cierto que así como habemos una corriente que defendemos el otorgar derechos plenos a los pueblos, hay otros que dicen que no, porque asumen que si se reconocen estos derechos entonces estaríamos aceptando algunas soluciones que no son compatibles con nuestro sistema jurídico. Yo considero que condicionar el reconocimiento de derechos es ya partir de un prejuicio. Todo pueblo tiene derecho a ejercer sus propias normas, a regirse bajo sus propios principios. Si no partes de esa base estás simulando, es un reconocimiento falso.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir entonces que todo está permitido. Es como nuestro sistema jurídico: tiene ciertos principios, ciertas bases y nos tenemos que regir de él, pero eso no quiere decir que todo esté permitido, como las desapariciones forzadas o la tortura que existen en nuestro país pero no lo toleramos; ocurre pero no lo podemos tolerar. Creo que si reconocemos un sistema jurídico de los pueblos también tiene que haber una discusión interna de hasta dónde estarían permitidas y hasta dónde no ciertas prácticas. Eso no quiere decir que se esté abierto a la impunidad, a los linchamientos, etc., eso es confundir la aplicación del sistema jurídico con prácticas nocivas. Yo por eso sostengo que si el sistema jurídico indígena se equipara al linchamiento, es como equiparar el sistema jurídico mexicano con la tortura; como se practica la tortura en México y es sistemática, como lo han dicho muchos relatores, lo han comprobado organismos de derechos humanos, si aplicamos el argumento de “lo condicionamos” a nuestro sistema de justicia, no deberíamos de existir, ya deberíamos tener otro sistema. Creo que la tortura es una aberración, que no está legitimada, que hay que trabajar para desaparecerla, y también en las comunidades, por ejemplo, el linchamiento no es parte del sistema jurídico, el linchamiento es una medida desesperada de la gente, hay que trabajar esas cosas para que, con el apoyo del mismo estado, nos coordinemos para trabajar en un diálogo abierto y sincero para que se dé el reconocimiento. Pero si partimos del principio de que los pueblos violan derechos humanos, estamos partiendo de un principio erróneo: pensar que el otro no tiene ese derecho y lo estamos estigmatizando.

Entrevista realizada por Rodrigo Llanes

Puede ser de interés:

Materiales para conocer la historia colonial de Yucatán. Bibliografía seleccionada de Manuela Cristina García Bernal y Caroline Cunill

Compartimos el tríptico “Materiales para conocer la historia colonial de Yucatán. Bibliografía seleccionada de Manuela Cristina García Bernal y Caroline Cunill” que fue distribuido ayer en el evento de presentación de libro/charla de Caroline Cunill en homenaje a Cristina García Bernal. Esperamos sea de interés y utilidad.

Pueden descargar el tríptico aquí..

De izquierda a derecha: Caroline Cunill, Rodrigo Llanes y José Luis Domínguez.
De izquierda a derecha: Caroline Cunill, Rodrigo Llanes y José Luis Domínguez.

Pronunciamiento del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C., ante las declaraciones discriminatorias de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE

El pasado 19 de mayo se filtró una llamada telefónica entre Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y Edmundo Jacobo Molina, secretario general ejecutivo del instituto, en la que el primero se expresa de manera despectiva de los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y se burla de la forma de hablar de Hipólito Arriaga Pote, representante de la Gubernatura Nacional de Pueblos Indígenas, quien, en el contexto de la reunión Elecciones sin Discriminación, exigía el registro de candidatos elegidos mediante el sistema de usos y costumbres.

Córdova ha declarado que detrás de las filtraciones hay una “intencionalidad política” y reconoce que se refirió de manera “desafortunada y poco respetuosa” hacia uno de los interlocutores de aquella reunión.

El Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C. se pronuncia en contra de las expresiones de discriminación contra los pueblos originarios de México y manifiesta su indignación ante el discurso de figuras públicas que, como en el caso del consejero presidente del INE, son responsables de las instituciones encargadas de la representatividad de nuestra democracia. Especialmente nos preocupa que esto suceda en un contexto coyuntural y crítico, como son las próximas elecciones.

Consideramos que en un México diverso y democrático, las autoridades de los institutos encargados de organizar las elecciones deben ser un ejemplo de la tolerancia, respeto hacia la diversidad cultural del país e integridad moral y ética tanto en lo público como en lo privado, por lo que exigimos que las declaraciones de Córdova Vianello no queden impunes, pues ello significaría permitir las prácticas y discursos discriminatorios que atentan contra la democracia.