REPORTE DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA SESIÓN DE LA FASE “ACUERDOS PREVIOS” EN HOPELCHÉN Y TENABO (27 Y 28 DE MAYO DE 2017)

 

Mérida, Yucatán y Campeche, Campeche

12 de julio de 2017

 

 

Reporte de observación de la Sexta sesión de la fase

“Acuerdos previos” en Hopelchén y Tenabo

(27 y 28 de mayo de 2017).

 

 

 

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

 

Logo MO Consulta

 

RESUMEN

 

Las sesiones de consulta a las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo sobre la siembra comercial de soya genéticamente modificada, llevadas a cabo el 27 y 28 de mayo de 2017, tuvieron lugar en un contexto que marca un giro en el proceso de consulta en relación a las sesiones anteriores y que pone en riesgo lo avanzado hasta el momento.

Se han incumplido con los estándares internacionales de consulta previa, debido a que persiste la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el municipio de Hopelchén, la cual ha sido confirmada por el SENASICA sin haber ningún tipo de sanción por parte de las autoridades; los principios de buena fe y culturalmente adecuada, en tanto que las autoridades han desconocido los acuerdos previamente tomados con los representantes de las comunidades consultadas e incluso han cuestionado la forma en que han sido elegidos los representantes de acuerdo a las propias formas de tomar decisiones de las comunidades, lo que de igual modo representa una violación al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación. También se ha incumplido el estándar de consulta libre a causa de la presencia de actores en las sesiones de consulta que realizan amenazas y agresiones a los representantes de las comunidades y a sus asesores, y debido a los intentos de las autoridades de dividir a las comunidades consultadas.

 

 

  1. Antecedentes

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano[1] la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Las reuniones correspondientes a la Sexta sesión de Acuerdos previos estuvieron antecedidas por dos reuniones de trabajo celebradas entre el Comité de enlace de los representantes de las comunidades de Hopelchén y las autoridades responsables de la consulta y el SENASICA para acordar la participación de las comunidades en el plan de inspección y vigilancia de la siembra de soya genéticamente modificada. Dada la importancia de este tema para el proceso de consulta, resumimos brevemente lo sucedido en esas dos reuniones de trabajo y expondremos con más detalle el incumplimiento de estándares internacionales en materia al derecho a la consulta previa, libre e informada.

La primera de dichas reuniones de trabajo se llevó a cabo el 29 de abril en Hopelchén. Marco Ramírez, de CIBIOGEM, explicó que la reunión es uno de los acuerdos, el noveno, de la quinta sesión de la fase de “Acuerdos previos”. Rodrigo Ramírez, de SENASICA, expuso un informe de inspección y vigilancia de la siembra de soya genéticamente modificada, y los representantes de las comunidades presentaron la propuesta “Monitoreo de soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato en el municipio de Hopelchén, Campeche”.

La sesión estuvo marcada por la discusión en torno a dos temas centrales: el número de personas que podían participar por comunidad: mientras que las autoridades decían que dos, los representantes de las comunidades señalaban que siete. El otro tema de discusión, el principal, fue sobre la participación de las comunidades en el proceso de inspección y vigilancia. Las comunidades exigieron participar en la inspección y vigilancia, las cuales consideran parte del proceso de consulta Las autoridades negaron dicha posibilidad. Se llegaron a acuerdos importantes, como la capacitación por parte de SENASICA y PROFEPA así como la participación de las comunidades como observadores. También se acordó una segunda sesión de trabajo, para el 13 de mayo, incluyendo al Jurídico de SENASICA.

Sin embargo, en la reunión del 13 de mayo, SENASICA no se presentó. Tampoco asistieron servidores de PGR, SAGARPA y PROFEPA. Para los representantes de las comunidades, este hecho significó el incumplimiento de los acuerdos de las actas de las reuniones el 25 de marzo y del 29 de abril. El representante de CIBIOGEM respondió que esta institución está haciendo su parte, y que no puede obligar a las otras instancias a que asistan. Los representantes de las comunidades pidieron al representante de CIBIOGEM que informe al juez que SENASICA no se presentó a esta reunión.

Con esos antecedentes se llevaron a cabo las sesiones correspondientes a la Sexta sesión de Acuerdos Previos en Hopelchén, el 27 de mayo, y en Tenabo, el 28 de mayo, a las cuales tampoco asistió SENASICA.

La sesión de Hopelchén tuvo lugar en el Centro Cultural Los Chenes. Desde antes que iniciara la sesión, a las 11:00 hrs., el salón estaba prácticamente lleno. Varios asistentes dentro del salón comenzaron a chiflar y abuchear. Una representante comunitaria leyó una propuesta del orden del día. Sol Ortiz, Secretaria ejecutiva de CIBIOGEM, pidió que el primer punto a tratar fuera el de la seguridad. Al respecto, informó que solicitaron seguridad al municipio y que, si no había las condiciones, se suspendería la sesión. Los representantes de las comunidades acordaron suspender la sesión; también pidieron que las autoridades respetasen el acuerdo de que las 34 comunidades iban juntas en el proceso de consulta y que no estuviesen invitando comunidad por comunidad, como lo venía haciendo el representante de CIBIOGEM. Las autoridades se negaron a aceptar este acuerdo, señalaron que no había representatividad en las 34 comunidades y que sólo 15 comunidades habían entregado hasta ese momento las actas de designación de sus representantes.

 

Hopelchén 27 05 2017 (1)

La sesión de Tenabo tuvo lugar en la cancha de usos múltiples. A las 11:45 hrs. ya estaba instalada la mesa. Sol Ortiz de CIBIOGEM preguntó a los asistentes cuáles eran los usos y costumbres para elegir a los representantes. Explicó que esto era para legitimar a los representantes. Se generó una gran discusión en torno a las actas de los representantes de las comunidades. Tanto el gobierno como las comunidades consultaron en varias ocasiones con sus respectivos abogados y/o asesores. Hubo un ambiente tenso, ante la desconfianza de las autoridades respecto a la legitimidad de los representantes de las comunidades y al hecho de que dos comunidades no estaban presentes, aunque el acuerdo previo fue que todo acuerdo en una sesión sería válido para todas. Por decisión de los representantes de las comunidades se suspendió la sesión. Los representantes expresaron que hablarían con todos y tomarían una decisión. Todos los asistentes manifestaron que se sintieron humillados, discriminados y violentados por el hecho de que las autoridades no aceptaran sus formas de tomar las decisiones, es decir, sus usos y costumbres.

 

 

  1. Incumplimiento de los principios/estándares internacionales

del derecho a la consulta previa, libre e informada

Las sesiones de consulta a las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo sobre la siembra comercial de soya genéticamente modificada llevadas a cabo el 27 y 28 de mayo de 2017 tuvieron lugar en un contexto que marca un giro en el proceso de consulta en relación a las sesiones anteriores y que pone en riesgo lo avanzado hasta ahora en el proceso.

  • La retirada sin ninguna explicación del SENASICA de las sesiones de trabajo deja inconclusos y por lo tanto inertes los acuerdos de acciones coordinadas de inspección y vigilancia de la siembra de soya genéticamente modificada, sobretodo en el municipio de Hopelchén.
  • Se reanudaron las visitas de personal de CIBIOGEM y CDI a las comunidades para tocar puntos del tema de esta Consulta con representantes y/o con autoridades comunitarias, lo cual generó un claro descontento entre los representantes del resto de las comunidades consultadas, argumentando que esto divide a las comunidades. En más de una ocasión han expresado en forma conjunta, en las sesiones de Consulta, que todas las comunidades asistentes quieren permanecer unidas y ser consultadas en forma conjunta.
  • También las y los representantes han expresado, en estas dos sesiones, un gran malestar debido a que las autoridades responsables de la consulta han desconocido los acuerdos que se habían tomado en sesiones anteriores -como el hecho de que las 34 comunidades vayan juntas en el proceso de consulta- y, especialmente, porque cuestionaron su representatividad. Una de las representantes expresó en entrevista a esta Misión de Observación: “yo me sentí muy discriminada ese día”. Diversos representantes han declarado que se sienten ofendidos por la actuación de las autoridades en esta sexta sesión de consulta del 27 y 28 de mayo 2017.
  • Los representantes se han mostrado preocupados “por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades”[2], siendo el tema de las amenazas y la falta de libertad para participar en la Consulta un problema grave que relatamos más adelante.

 

  1. Previa

El primer estándar internacional o principio que se está incumpliendo en este proceso de consulta es el carácter “previo” de la misma, debido a que persiste la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el municipio de Hopelchén. Como informamos en nuestro anterior reporte,[3] el SENASICA ha confirmado la presencia de modificaciones genéticas en 10 muestras tomadas en 305 hectáreas de este municipio (ver anexo “SENASICA: Informe de inspección y vigilancia de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche, 2016”, documento que fue presentado y entregado por el SENASICA a las comunidades durante la Quinta sesión de Acuerdos Previos, 25 de marzo 2017, en Hopelchén). Este incumplimiento resulta alarmante pues, como ha señalado Tom Haeck, observador de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, “en un estado de derecho no se puede permitir que las suspensiones judiciales otorgadas por los jueces no sean respetados; eso es algo fundamental”.[4]

Este hecho ha sido advertido por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales de Naciones Unidas, el cual señaló en su Informe elaborado a raíz de su visita a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, que: “Las autoridades se han mostrado decididas a cumplir el fallo [de la SCJN], y la consulta sigue en curso. Sin embargo, a pesar de la suspensión, se han denunciado casos de distribución y cultivo ilegal de soja genéticamente modificada”.[5]

La violación del carácter “previo” resulta particularmente grave toda vez que, como ha observado la Oficina del Alto Comisionado, “todos los criterios [que la consulta debe ser previa, libre e informada] están completamente vinculados e interconectados; si uno de los criterios se dificulta, los demás también. Si el proyecto ya no es previo, el carácter libre también se dificulta”.[6] De este modo, la reiterada violación al carácter previo de la consulta afecta a los demás principios, lo que pone en riesgo la integridad de la misma. Pero también existen otras violaciones.

 

  1. Buena fe y culturalmente adecuada

Este principio se está vulnerando por distintas causas:

 

2.1. Desconocimiento de acuerdos previos. Los representantes de las comunidades consideran que las autoridades responsables de la consulta han desconocido con sus acciones, sus dichos y sus actitudes, acuerdos tomados en sesiones previas de la consulta (25 de marzo de 2017), particularmente el acuerdo de que las 34 comunidades van juntas en el proceso de consulta. En efecto, el acta de dicha sesión consigna que el representante de CIBIOGEM aceptó el acuerdo de que se asentara que todas las comunidades van juntas como una sola unidad y por lo tanto si alguien falta los demás representantes podrán representar a los que no pudieron venir (pág 13). Y en el punto 13 de acuerdos (pág. 15) se establece que: “Se acuerda que el proceso de consulta considerará a las comunidades mayas de [se nombran las 34 comunidades] [como] una unidad en este proceso de consulta. Se toma este acuerdo como primer acuerdo que se incluye en el Plan de trabajo de este proceso de consulta”.[7]

 

2.2. Cuestionamiento de la representatividad. Otro hecho que generó un gran malestar e indignación entre los representantes de las comunidades fue el cuestionamiento de su representatividad por parte de las autoridades gubernamentales. Este cuestionamiento, realizado hasta la Sexta Sesión de Acuerdos previos, representa una violación a los estándares de consulta de buena fe y culturalmente adecuada. Con respecto al principio de buena fe, la Oficina del Alto Comisionado ha observado que: “es importante aceptar que ellos [los integrantes de las comunidades indígenas] tienen su propia manera de nombrar a sus autoridades representativas y no empezar a cuestionarlo. Y la buena fe implica también que tú como autoridad aceptes que la autoridad [indígena] que está en frente verdaderamente representa a este pueblo”.[8]

Un ejemplo de dicho malestar fue la decisión de los representantes de las comunidades de Tenabo de suspender la sesión ante el cuestionamiento de su representatividad por parte de las autoridades.

Asimismo, el cuestionamiento de la representatividad de los representantes de las comunidades implica una violación al principio de consulta culturalmente adecuada, ya que no respeta lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos humanos respecto a que “el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones”.[9]

Efectivamente, esta Misión ha podido ver y escuchar de los representantes diversas formas en las que cada comunidad expresa el nombramiento o selección de sus representantes. Querer encasillarlos en un formato, aunque el de algunas comunidades se parezca más o menos al mismo, implica que las autoridades responsables de la consulta no están respetando las costumbres, tradiciones y diversos métodos empleados por las comunidades mayas en ambos municipios para la toma y la comunicación de sus decisiones. En entrevistas que miembros de esta Misión de Observación han realizado a integrantes de las comunidades mayas que participan en la consulta, éstos señalaron que la exigencia de actas “rompe con los usos y costumbres” de la comunidad y que “nosotros los mayas sabemos empeñar nuestra palabra, cumplimos nuestra palabra” (habitante de Bolonchén). Asimismo, explicaron que, cuando nombran a alguien en asamblea, aceptan sus acciones, “mientras no pase nada malo”; que se “guían mucho por la palabra” (habitante de Ich Ek). También indicaron que en sus procesos de toma de decisiones “no hay nada escrito; esta costumbre de ‘papelito habla’ no está arraigada”, y que “para cumplir su palabra no necesita un papel escrito” (Santa Rosa Xtampac). Del mismo modo, nos expresaron que en la comunidad de Xcalot Akal, por ejemplo, “….no se eligen a los representantes por medio de urnas y casillas, sino que cuando nombran a una persona, “ponen los nombres en una pared” y “ponen rayas”: el que tenga más rayas es el que queda nombrado”.

En los testimonios anteriores se puede apreciar claramente el contraste entre las formas escritas y orales de tomar decisiones. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado ha indicado que: “tenemos que destacar la diferencia entre la tradición oral de muchos de los pueblos y la tradición escrita de las autoridades. Hemos visto que, de vez en cuando las autoridades exigen un cumplimiento formal, con oficios y con documentos que demuestran que son representantes, pero las comunidades y los pueblos indígenas muchas veces no tienen esta tradición escrita. Cuando alguien da la palabra, cuando alguien dice “tú eres mi representante, pues tú lo eres, ¿y por qué? Porque así se dijo en la asamblea, ¿y dónde está el acta?, pues el acta no existe”. En este sentido, parece necesario intentar hacer un puente entre la tradición oral y la tradición escrita”.[10] Ciertamente conminamos a ambas partes a comprender los usos y costumbres de la otra parte, y esto incluye el hecho de la que los representantes continúen comunicando ya sea oralmente o por escrito a las autoridades los nombres de las personas que las representan. Sin embargo, por la diferente naturaleza de sus derechos y obligaciones, toca a las autoridades ser más flexibles, esforzarse por comprender y finalmente respetar las formas con las que cada comunidad toma decisiones y las expresa.

En este sentido, de acuerdo con la experiencia de décadas de investigación realizada por académicos y especialistas que integran esta Misión de Observación, existen diversas formas de tomar decisiones en las comunidades mayas, entre las que destacan la conversación, o sea el tsikbal o chen tsikbal y el diálogo colectivo o muuch tsikbal.[11] Estas son formas de diálogo y conversación que requieren una considerable inversión de tiempo, y que no se acotan a espacios y formatos delimitados, como una exposición en un auditorio, como suele suceder otros procesos de participación o de consulta en México.

Aún más grave, el hecho de que las autoridades (CIBIOGEM y CDI) han comenzado a realizar visitas, entrevistas y otros intercambios de información, es decir, en los hechos a intervenir en la vida cotidiana de las comunidades consultadas, con la justificación de “constatar” la representatividad de los representantes de las comunidades, constituye una violación al derecho a la libre determinación, el cual está reconocido en los artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establecen que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (art. 3) y que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (art. 4).

En este sentido, es fundamental recordar que, como ha sostenido James Anaya, ex Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas (2008-2014), la consulta no debe considerarse un derecho aislado, sino una salvaguarda esencial que complementa y ayuda a hacer efectivos los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas, tales como el derecho a la libre determinación, el derecho a las tierras, territorio y recursos naturales, al medio ambiente entre otros. Particularmente, como observa Anaya, “el deber [de los estados] de celebrar consultas se deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular”.[12]

Por lo tanto, las autoridades deben detener de inmediato cualquier intento por comunicarse, visitar y/o acordar con las comunidades en forma aislada, por fuera de las sesiones de Consulta, así como hacer un esfuerzo especial para restablecer un ambiente de confianza y cumplir con el principio de buena fe. Como observa Anaya, “un esfuerzo de buena fe en pro de la adopción de decisiones por consenso implica para los Estados la necesidad de ‘desplegar esfuerzos para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos, de facilitar su acceso dándoles amplia difusión y de crear un clima de confianza con los pueblos indígenas que propicie un diálogo productivo’. La instauración de un clima de confianza es particularmente importante en relación con los pueblos indígenas ‘por la desconfianza hacia las instituciones del Estado y el sentimiento de marginación que encuentran sus raíces en realidades históricas sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse aún'”.[13]

Para cumplir con esto, resulta fundamental que, como recomienda Anaya, “los Estados deb[a]n hacer todo lo posible para que los pueblos indígenas puedan organizarse y determinar libremente sus representantes para las deliberaciones de consulta, y [proporcionen] un clima de respeto y apoyo a la autoridad de esos representantes”.[14]

2.3. Diálogo de las autoridades con productores de soya previo al inicio de la sesión de consulta. Un hecho más que ilustra el incumplimiento de las autoridades con el principio de buena fe desde la perspectiva de los representantes de las comunidades, es que las autoridades entablaron una plática con algunos productores de soya de la comunidad de Iturbide unas horas antes del inicio de la sesión de consulta, misma que fue reportada por medios de comunicación, en la cual vertieron opiniones que contravendrían los acuerdos tomados dentro de la sesión de consulta.

Debido a los antecedentes de enfrentamiento y hostilidad perpetuados por miembros de dicha comunidad (miembros que, cabe recordar, participaron en su misma comunidad en dos sesiones de Consulta, desde el año pasado, 2016, que, de acuerdo con la autoridad, permiten considerar que Iturbide en su conjunto ha sido ya consultado) en sesiones anteriores,[15] este hecho generó un ambiente de desconfianza desde el inicio de la sesión general del 27 de mayo. Asimismo, en el contexto de los antecedentes señalado, la presencia, actitudes y acciones de dichos integrantes de la comunidad de Iturbide puso en entredicho el complimiento del principio de consulta libre, como señalaremos a continuación.

Hopelchén 27 05 2017 (4)

  1. Libre

3.1. Presencia de productores de soya de Iturbide. La sesión de Hopelchén (27 de mayo) inició en medio de agresiones verbales, chiflidos y abucheos por parte de productores de soya de Iturbide hacia los representantes de las comunidades consultadas. Teniendo en cuenta los antecedentes de conflicto con estas mismas personas, de las sesiones de consulta previas, su presencia puso en entredicho este principio.

 

SESION 27 05 2017.Imagen fija024 

3.2. Intimidaciones a representantes, asesores y otros actores en el proceso de consulta. En un contexto de violencia en contra de defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro país, y del cual existen preocupantes antecedentes en otros procesos de consulta, esta Misión de Observación ve con ojos de alarma las recientes intimidaciones y agresiones que han recibido representantes de las comunidades, sus asesores y otros actores que participan en el proceso de consulta. Señalamos, a continuación, una serie de acontecimientos que alertan sobre el incremento de violencia en este proceso de consulta a las comunidades mayas y que, de no ser tomadas en cuenta desde ahora, pueden devenir en grados más elevados de violaciones a los derechos humanos.

 

SESION 27 05 2017.Imagen fija044

Como informó el periódico La Jornada el pasado 15 de junio, mayas de Campeche “denunciaron que el clima de intimidaciones y amenazas ha aumentado en contra de los pobladores que se oponen a la siembra de soya transgénica en dicha región” y que las autoridades de CIBIOGEM y CDI “van a nuestras comunidades a imponerse y tratar de dividir a nuestra gente, aun cuando les hemos externado la posición de los pueblos mayas de ir juntos en este proceso como unidad”.[16]

Por su parte, una de las representantes de Ich Ek ha señalado que ha recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. A su vez, cinco de los representantes mayas relataron como un servidor público de la CDI les advirtió que su lucha era admirable, pero se estaban enfrentando al poder, y les sugirió ver una película en cual, les explicó, otros líderes indígenas que llevaban a cabo una lucha similar en la zona tarahumara, terminan ahorcados. Esto ha sido considerado por los representantes como una “intimidación velada”. Asimismo, señaló que el funcionario de la CDI también le advirtió que “el poder es el poder” y que tuvieran cuidado.

De igual modo, resultan sumamente alarmantes el envenenamiento de treinta y seis colmenas en dos apiarios de uno de los líderes de la comunidad de Ich Ek, y miembro del Colectivo Apícola de Los Chenes, poco después de su participación en la conferencia de prensa sobre el Informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas[17], en la que había denunciado varias de las violaciones a sus derechos humanos por parte no solo de las empresas, sino también de las autoridades.

Dos de los asesores jurídicos de las comunidades, así como un periodista que está elaborando un documental sobre el proceso de consulta, también han recibido intimidaciones y advertencias por parte de autoridades, incluyendo el hecho de que “tienen pruebas en su contra”, lo cual sin duda afecta el principio de “libre participación” y anula el de “buena fe”.

En relación a los asesores, cabe señalar que una forma de las autoridades de desacreditarlos es considerar que son actores “externos” que “manipulan” a las comunidades. Al respecto, retomamos las palabras del Alto Comisionado donde explica que “el mecanismo de la consulta previa, libre, informada se debería interpretar como una herramienta para reducir la asimetría de poder que existe entre las comunidades indígenas y las autoridades junto con el poder económico del empresariado para determinar las decisiones que les afectan”,[18] debemos destacar que la presencia de los asesores -y también los observadores independientes- constituyen una de las herramientas para contribuir a la reducción de dicha asimetría de poder.[19]

En torno a este tema, consideramos importante retomar las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado: “vemos que de vez en cuando la autoridad percibe la presencia de las y los defensores en los procesos de consulta como algo inconveniente. Pero nosotros siempre destacamos que en este desequilibrio de poder que existe entre la autoridad, que tiene todo el conocimiento y la tradición, y las comunidades que no lo tienen, obviamente las comunidades tienen el derecho a un asesor que les ayude a entender sus derechos y a implementarlos de manera correcta”.[20]

Asimismo, el experto en derecho a la consulta previa César Rodríguez Garavito, director de DeJusticia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad,[21] ha destacado que para hacer frente a “la profunda asimetría de poder entre los pueblos indígenas y sus interlocutores (el Estado y las empresas)”, son necesarios “mecanismos de contrapeso que mitiguen o eliminen esas diferencias. Los mecanismos pueden ser de diversa naturaleza. Pueden consistir, por ejemplo, en la participación de organizaciones indígenas regionales y nacionales para fortalecer la voz y las capacidades de interlocución de los pueblos y comunidades; la disponibilidad de asesoría especializada y libremente escogida por los pueblos para acompañar el proceso; o la asignación de recursos económicos para que los pueblos y las organizaciones puedan acudir efectivamente a las diligencias de consulta. Solo la existencia de este tipo de mecanismos, en nuestra opinión, garantiza que se cumpla uno de los requisitos esenciales de la consulta: que sea libre“.[22]

También la especialista en derecho a la consulta previa Almut Schilling-Vacaflor, de la Universidad de Hamburgo, ha subrayado que, para que los procesos de consulta sean verdaderos procesos democráticos, debe de haber “mediadores en la negociación” y que el “proceso debe ser transparente y escrutiñado por los medios de comunicación y otros ciudadanos”.[23]

Por lo tanto, la intimidación y/o las amenazas a asesores y defensores de derechos humanos que acompañan a las comunidades en una búsqueda por nivelar las asimetrías históricas de poder, así como de desigualdad entre gobierno y pueblo maya, resulta una preocupante amenaza al buen funcionamiento del derecho a la consulta.

Asimismo, insistimos en que todas estas intimidaciones resultan sumamente preocupantes en el contexto mexicano. A raíz de su visita a México en enero del presente año, Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, ha declarado que los defensores de los derechos humanos en el país enfrentan un “grave patrón de violencia” y que existe una “tendencia de muerte” hacia éstos. Informó también que en los pasados 6 años, 38 mujeres defensoras han sido asesinadas en México.[24] De igual modo, Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado, ha externado su preocupación por “la violencia que no cesa” y “la protección que no alcanza” para los periodistas y defensores de derechos humanos, e informa que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el año 2000 y 2017 han sido asesinados 126 periodistas.[25]

El Representante de la Oficina del Alto Comisionado también ha referido a experiencias que lo “han sacudido”, que lo desafían “no sólo como funcionario internacional de derechos humanos, sino también como ser humano”. Entre estas experiencias se ubican sus “encuentros con mujeres y hombres de las comunidades indígenas a quienes la rapacidad de algunos y los ‘megaproyectos’ roban hasta la más humilde forma de sobrevivencia que han tenido hasta la fecha”.[26]

Este contexto nos resulta sumamente preocupante sobre todo si tenemos en cuenta que en procesos de consulta indígena en México se han presentado graves violaciones a derechos humanos a representantes comunitarios y otros actores que participan en dichos procesos de consulta, como en el caso de la consulta a la Tribu Yaqui sobre el Acueducto Independencia en Sonora[27] y la consulta sobre la implementación de un proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca.[28]

 

 

3.3. Intentos de dividir a las comunidades. Representantes de las comunidades de Hopelchén y Tenabo han expresado públicamente su preocupación con respecto a “los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades”, mismos que ya incluyen intervenciones directas de estos funcionarios de las instancias responsables en varias de las comunidades, que han sido explicados ampliamente en párrafos anteriores. De acuerdo con un pronunciamiento publicado el pasado el pasado 12 de junio de 2017, para las comunidades “es en especial preocupante que las autoridades de CIBIOGEM y CDI van a nuestras comunidades a imponerse y tratar de dividir a nuestra gente, aún y cuando les hemos externado la posición de los pueblos mayas de ir juntos en este proceso como una unidad. Por medio de estas acciones, CIBIOGEM y CDI buscan interferir en nuestro ámbito de autoridad y no han respetado nuestro derecho a la autonomía y libre determinación”.[29]

Al respecto, la actual Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha establecido que “los Gobiernos deben garantizar que no actúan de modo que provoquen divisiones o debiliten las estructuras indígenas representativas”.[30]

 

 

III. Recomendaciones

  1. Que las autoridades responsables de la consulta garanticen el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sancionen la siembra de soya genéticamente modificada en los municipios donde se lleva a cabo la consulta a comunidades indígenas de Campeche.

 

  1. Que las autoridades responsables de la consulta reconozcan los acuerdos que han tomado con los representantes de las comunidades, particularmente:

2.1. Que las 34 comunidades de Hopelchén y las 7 de Tenabo, van juntas como una sola unidad en el proceso de consulta.

2.2. Que acepten a los representantes de las comunidades que han sido elegidos de acuerdo a sus propias formas de tomar decisiones.

2.3. Que, en respeto al derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, las autoridades no intervengan en las comunidades en lo relativo a sus procesos de tomas de decisiones y elección de representantes.

 

  1. Que las autoridades responsables de la consulta garanticen la seguridad de las sesiones de consulta. Particularmente:

3.1. Que no permitan la entrada de los personas claramente identificadas que en diversas sesiones han intimidado, insultado y agredido a los representantes de las comunidades, a sus asesores, incluso a un funcionario, entre otros participantes de la consulta.

3.2. Que, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos, las autoridades garanticen la seguridad de los asesores y periodistas que participan en el proceso de consulta.

 

  1. Que como una medida de reconstitución de confianza, imprescindible para la realización de una consulta genuina de buena fe, libre, informada y culturalmente adecuada, las autoridades responsables de la consulta y el SENASICA permitan la participación de los representantes de las comunidades en un plan coordinado de inspección y vigilancia de la siembra de soya genéticamente modificada.

 

Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa, fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y la lectura de las actas circunstanciada de las sesiones de la consulta por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

 

[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

[2] “Pronunciamiento de colectivo maya que lucha contra transgénicos”, LectorMx, 12 de junio de 2017. < http://lectormx.com/2017/06/12/pronunciamiento-de-colectivo-maya-que-lucha-contra-transgenicos/&gt;.

[3] Reporte de observación de la cuarta y quinta sesión de la fase de “Acuerdos previos” en Hopelchén y Tenabo, 17 de mayo de 2017. <http://consultaindigenamaya.org/sexto-reporte-28-29-enero-25-26-marzo/&gt;.

[4] Intervención de Tom Haeck en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017.

[5] Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México, A/HRC/35/32/Add.2, 27 de abril de 2017, párr. 30. URL: <http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1710193.pdf>.

[6] Intervención de Tom Haeck en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017.

[7] Acta circunstancia de la quinta sesión de la Fase de “Acuerdos Previos” de la consulta indígena en el Municipio de Hopelchén, Campeche, celebrada el 25 de marzo de 2017.

[8] Intervención de Tom Haeck en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017. El énfasis es nuestro.

[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2009, párr. 305.

[10] Intervención de Tom Haeck en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017.

[11] Quintal Avilés, Ella Fanny y Margarita Rosales González. 2016. Una consulta a pueblos indígenas culturalmente adecuada. Retos y limitaciones.

[12] “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/66/150, 10 de agosto de 2011, párr. 79.

[13] “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 50.

[14] Ibid, párr. 69

[15] Véase el Quinto reporte de Misión de Observación.

[16] “Mayas de Campeche denuncian acoso a opositores a la siembra de soya transgénica”, La Jornada, 15 de junio de 2017. <http://www.jornada.unam.mx/2017/06/15/politica/019n1pol&gt;.

[17] Véase el video donde aparecen las abejas envenenadas del apicultor, publicado en la nota “La miel amarga. Apiarios envenenados”, La Jornada Maya, 16 de junio de 2017. <https://www.lajornadamaya.mx/2017-06-16/La-miel-amarga>.

[18] Intervención de Jan Jarab en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017.

[19] Sobre esta asimetría o desequilibro de poder, la actual Relatora Especial, Victoria Tauli-Corpuz, ha escrito que “en relación a las medidas necesarias para garantizar la participación adecuada de los pueblos indígenas en los procesos de consulta, deben adoptarse medidas especiales para corregir los desequilibrios de poder y otras desventajas que sufren los pueblos indígenas.” “Consulta y consentimiento: principios, experiencias y desafíos”. Presentación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz para el Coloquio Internacional sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada: estándares y experiencias internacionales y regionales, 8 de noviembre de 2016, p. 10.

[20] Intervención de Tom Haeck en el Conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Senado de la República, 31 de mayo de 2017.

[21] Junto con el Observatorio de Discriminación Racial, Dejusticia ha elaborado el proyecto “Centro de información de la consulta previa”, el cual “es una plataforma para que diferentes actores que están interesados en impulsar el derecho a la consulta, intercambien experiencias, obtengan información y formulen ideas para implementar la consulta”. <http://www.consultaprevia.org/#!/index&gt;.

[22] Rodríguez Garavito, César y Natalia Orduz Salinas. La consulta previa: dilemas y soluciones. Lecciones del proceso de construcción del decreto de reparación y restitución de tierras para pueblos indígenas en Colombia. Bogotá, DeJusticia, 2012, p. 13.

[23] Schilling-Vacaflor, Almut. “Prior Consultations in Plurinational Bolivia: Democracy, Rights and Real Life Experiences”, Latin American and Caribbean Ethnic Studies, vol. 8, no. 2, 202-220, 2013, pp. 204 y 205.

[24] “En México, grave patrón de violencia contra defensores de derechos y periodistas: ONU”, La Jornada, 25 de enero de 2017. URL: <http://www.jornada.unam.mx/2017/01/25/politica/007n1pol&gt;.

[25] Jarab, Jan. “La violencia que no cesa, la protección que no alcanza”, La Jornada, 16 de mayo de 2017. <http://www.jornada.unam.mx/2017/05/16/opinion/009a1pol&gt;.

[26] Jarab, Jan. “Normalicemos los derechos, no las injusticias”. El Universal, 13 de junio de 2017. <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/jan-jarab/nacion/2017/06/13/normalicemos-los-derechos-no-las&gt;.

[27] En el que destacan las cuatro órdenes de aprehensión libradas el 14 de junio de 2013 en contra de un vocero y autoridad tradicional de la Tribu Yaqui (Mario Luna Romero) y de otros integrantes defensores y voceros de la tribu (Tomás Rojo Valencia, Fernando Jiménez Gutiérrez y Gerónimo Flores Ortega), por las cuales fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente Mario Luna y Fernando Jiménez. Ver Misión civil de observación. Consulta a la Tribu Yaqui. Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la Tribu Yaqui, pp. 14-16.

[28] En donde la Misión de Observación de dicho proceso de consulta fue “informada del aumento de actos de intimidación y hostigamiento en contra de miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ)”, particularmente, tres integrantes de la APPJ fueron seguidos por un automóvil hasta el domicilio de uno de ellos, y, en el domicilio de otro “se escucharon tres disparos de arma de fuego que detonaron al aire justo frente a su casa y otros cinco más cerca”. Desde el inicio de dicho proceso de consulta los integrantes de la APPJ “fueron blanco de una serie de incidentes, entre ellos, amenazas de muerte, hostigamiento en los alrededores de sus oficinas e incluso hostigamiento en el Foro Ecológico de Juchitán, donde se está llevando a cabo la consulta”. Misión de Observación, “Cuestionable el respeto a derechos humanos en consulta sobre proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca. Aumentan agresiones”, 5 de diciembre de 2014.

[29] “Pronunciamiento de colectivo maya que lucha contra transgénicos”, LectorMx, 12 de junio de 2017. <http://lectormx.com/2017/06/12/pronunciamiento-de-colectivo-maya-que-lucha-contra-transgenicos/&gt;.

[30] Tauli-Corpuz, Victoria, “Consulta y consentimiento: principios, experiencias y desafíos”. Presentación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz para el Coloquio Internacional sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada: estándares y experiencias internacionales y regionales, 8 de noviembre de 2016, p. 11.

Se puede descargar el reporte en pdf aquí..

¿Qué está pasando en Chocholá, Yucatán? Mafia agraria, despojo, resistencia

El día de ayer, 12 de marzo de 2017, se llevó a cabo una asamblea ejidal convocada por la Procuraduría Agraria (PA) con el objetivo de remover a la comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Cob Durán.

Claudia Cob, una de las pocas comisarias ejidales mujeres en Yucatán, encabeza a un grupo de ejidatarios y pobladores de Chocholá que se oponen a la venta de tierras para que la empresa Próser continúe extrayendo material de construcción y establezca una cementera en Chocholá.

A continuación pueden encontrar una serie de materiales para conocer el conflicto en Chocholá, el funcionamiento de la “mafia agraria” en Yucatán, las asambleas ejidales irregulares para llevar a cabo el despojo de tierras así como la resistencia de los ejidatarios y pobladores de Chocholá, quienes cada vez más cuentan con la solidaridad de miles de personas en Yucatán y otros lugares.

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Aquí, la comisaria Claudia Cob explica el conflicto con la empresa, la PA y los ex comisariados ejidales.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F339814451000%2Fvideos%2F10154821656766001%2F&show_text=0&width=560

Aquí, un video breve relata el origen de la extracción de material de construcción desde el año 2004, la explotación ilegal de material de construcción desde el año 2013, así como las consecuencias sociales, económicas y ambientales de dicha empresa:

Asimismo, aquí pueden consultar una cronología sobre los intentos de la empresa y la PA e remover al comisariado ejidal, de noviembre de 2016 a la fecha.

A continuación, una detallada descripción realizada por el antropólogo Alberto Velázquez sobre las asambleas ejidales que han querido remover a la comisaria Claudia Cob.

Asamblea del 26 de febrero de 2017.

 

Asamblea del 12 de marzo de 2017.

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Finalmente, en seguida podrán encontrar un comunicado de la Comisaría ejidal de Chocholá, publicado el 13 de marzo, en el que denuncian el intento de remoción de la comisaria ejidal.

 

Comunicado: Comisaría Ejidal de Chocholá, Yucatán

Lunes 13 de marzo del 2017

 

 

En asamblea plagada de irregularidades la Procuraduría agraria intenta destituir a la comisaría ejidal de Chocholá.

 

Detrás de la intervención de la Procuraduría agraria está el interés de proteger a varios empresarios que quieren apoderarse de 3,500 hectáreas de dicho ejido.

 

El día de hoy, lunes 13 de marzo, ejidatarios y habitantes de Chocholá, Yucatán, se manifestaron a la puerta del Palacio de Gobierno de Yucatán, pidieron la intervención del Gobernador Rolando Zapata, ante el despojo de sus tierras y los abusos cometidos por el delegado de la Procuraduría Agraria, Lic. Omar Corzo Olán.

 

Todo inició ayer, domingo 12 de marzo, cuando se celebraron dos asambleas ejidales en el poblado de Chocholá. La primera en la casa Ejidal, y presidida por la comisaria Claudia Cob. La segunda se llevó a cabo en un improvisado toldo al aire libre, instalado en el parque por un empresa yucateca, y fue presidida por personal de la Procuraduría Agraria. Ambas respondían a la convocatoria oficial emitida por esta autoridad agraria para una asamblea en la que el punto principal era “la ratificación o la remoción del Comisariado y en Consejo de Vigilancia” de esa localidad.

 

En la Casa Ejidal, la comisaria Cob y su equipo mostraron a los ejidatarios las actas de asambleas anteriores en las que ellos habían sido ya ratificados, tanto en 2016 como recientemente en febrero del 2017, incluyendo su debido registro con firma y sello de la propia Procuraduría Agraria. Al revisar estos documentos, los ejidatarios presentes confirmaron que ya no era necesario, ni válido, volver a tocar ese punto, y dieron por terminada la asamblea.

 

Sin embargo, mientras tanto, los representantes de la Procuraduría Agraria continuaron la segunda asamblea con los ejidatarios opositores a Claudia Cob. El objetivo era claramente su destitución, ya que las autoridades insistieron en continuar a pesar de importantes irregularidades:

  • Suplantaron a las autoridades agrarias locales, al cambiar de lugar la asamblea y presidirla ellos directamente, a pesar de que el comisariado ejidal los invitó a pasar a la Casa Ejidal en múltiples ocasiones.
  • Instalaron la asamblea a pesar de no contar con el quórum requerido en la convocatoria: asistieron 279 de los 284 ejidatarios necesarios. De hecho, los funcionarios de la Procuraduría fueron grabados cuando explicaban a la asamblea que –“siempre no”- que ahora esta asamblea sería válida con la presencia de los ejidatarios que llegasen, violando normas agrarias y su propia convocatoria.
  • Permitieron la participación con voz y voto de 30 ejidatarios que estaban castigados por irregularidades cometidas en meses anteriores, por acuerdo de asamblea ejidal también previamente notificado a la Procuraduría Agraria. Algunos de ellos son reconocidos por haber organizado internamente el intento ilegal de venta de más de dos mil hectáreas a prestanombres de la empresa PROSER. Al descontar a estas 30 personas, el número de asistentes es aún más alejado del mínimo requerido y por lo tanto, esta asamblea no era válida desde su inicio.

 

Al concluir su asamblea, el Comisariado Ejidal de Chocholá y más de 300 ejidatarios y otros vecinos asistentes, estuvieron tentados a entrar al lugar donde la Procuraduría Agraria presidía la asamblea, pero decidieron no hacerlo para evitar una confrontación violenta. “No es la primera vez que la empresa intenta enfrentar a unos ejidatarios con otros; nosotros somos vecinos y no queremos que en Chocholá haya divisiones y odio que se quedarán acá por muchos años”, señaló la comisaria ejidal, Claudia Cob. Además, dijo, “necesitamos estar unidos para oponernos a la verdadera amenaza que hay sobre Chocholá, que es la calera ó cementera que se quiere instalar a las afueras del poblado. No estamos contra el parcelamiento o contra el progreso, sino contra los efectos ambientales y en la salud contrarios a la población de Chocholá y de Yucatán!” dijo la comisaria.

 

Esta intervención de las autoridades agrarias ha profundizado, contrario a su función, los conflictos internos y la desconfianza entre la población de Chocholá. Con este intento de remoción de la Comisaria Ejidal actual, y con la creación de conflictos, no hay ninguna ganancia para la comunidad de Chocholá, ni para el estado de Yucatán, otrora conocido por su tranquilidad…. Al contrario, el delegado en Yucatán de la Procuraduría agraria, licenciado Omar Corzo Olán, solo favorece a la empresa privada que busca la instalación de una fábrica de productos cálcicos en el territorio de Chocholá, y a la que se opone su población y la comisaría ejidal Claudia Cob. Dicha construcción ha sido por ahora clausurada por la PROFEPA dado su terrible impacto ambiental…y en la práctica, el delegado Corzo Olán está representando a la empresa privada, intentando quitar de en medio a quienes organizan y lideran la oposición a ese desastre.

 

La población mostró finalmente su desacuerdo, mismo que han manifestado hoy lunes 13 por la mañana, directamente al gobierno del estado de Yucatán, pidiendo su intervención ante la parcialidad y violaciones legales del delegado de la Procuraduría Agraria.

 

 

Datos de contacto:

Comisaría Ejidal de Chocholá:

Claudia Cob Durán.

Tel. 999 156 9058

 

Aquí la petición en Change.orgDetengamos destitución de Claudia Cob, mujer maya que defiende tierras de Chocholá“.

 

Mujeres mayas y el cambio. Lecturas de hoy

Hace poco más de 40 años, la antropóloga Mary L. Elmendorf publicó Nine Mayan Women: A Village Faces Change (traducido al castellano como La mujer maya y el cambio).

Si bien al momento de la publicación de Nine Mayan Women el problema del cambio social y cultural de las comunidades mayas de la Península de Yucatán ya era tema de interés de antropólogos y otros científicos sociales -notablemente de Robert Redfield y su equipo, quienes investigaron el “continuum folk-urbano” en la Península-, el trabajo de Elmendorf destacó al poner como protagonistas a las mujeres mayas y la manera en que enfrentaban el cambio sociocultural en la comunidad de Chan Kom, uno de los “laboratorios etnográficos” por excelencia de Yucatán.

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El tema no sólo fue de interés académico para Elmendorf. El tema no fue sólo una preocupación académica: Elmendorf fue consultora de varias organizaciones para trabajar sobre las maneras en que las mujeres implementan la tecnología y las políticas de desarrollo, y participó en las Conferencias mundiales sobre la mujer de la ONU.

En la mesa panel “La antropología en Yucatán a través de lecturas y sus lectores”, realizada en el marco de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2017, comentaremos La mujer maya y el cambio de Elmendorf junto con otras obras antropológicas que han sido claves para entender las dinámicas del cambio socio-cultural, el problema del hambre, las estrategias de sobrevivencia campesinas, así como la resistencia étnica en Yucatán.

La mesa panel se llevará a cabo en dos sesiones, los días miércoles 15 y viernes 17 de marzo, a las 19:00 horas en el Salón Uxmal 2. Jaime Sabines del Centro de Convenciones Siglo XXI.

En la sesión 1, las antropólogas Ella Fanny Quintal Avilés (INAH), Gabriela Torres-Mazuera (CIESAS-Peninsular), Celmy Noh Poot (Colegio de Antropólogos de Yucatán) y Luis Várguez Pasos (UADY) hablarán sobre sus lecturas de Aires de progreso: cambio social en un pueblo maya de Yucatán, de Richard Thompson; Yucatán, una cultura de transición, de Robert Redfield; Estrategias de sobrevivencia de los campesinos mayas, de Arturo Warman; y La mujer maya y el cambio, de Mary Elmendorf.

En la sesión 2, las antropólogas Guadalupe Reyes Domínguez (UADY),Nidelvia Vela Cano (Dirección General de Culturas Populares e Indígenas), Rodrigo Llanes Salazar (CEPHCIS) y José Luis Domínguez Castro (UADY) hablarán sobre sus lecturas de Diagnóstico sobre el hambre en Sudzal, Yucatán, de Guillermo Bonfil; Estrategias de sobrevivencia de los campesinos mayas, de Arturo Warman; y La dinámica social de los mayas de Yucatán, de Miguel Bartolomé.

¡Los esperamos!

Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C.

La perspectiva pedagógica liberadora de Paulo Freire

I N V I T A C I Ó N

a la Mesa-Panel

La perspectiva pedagógica liberadora de Paulo Freire

 

En el ciclo “Redescubriendo a los clásicos” se propone revisar mediante presentaciones sistemáticas y discusiones, las ideas centrales y las propuestas teóricas y metodológicas de autoras y autores de diversos campos de las ciencias sociales y humanas, para rescatar su posible contribución a la comprensión y solución de problemas cognitivos y socioculturales actuales. Hasta ahora, se han analizado de esta manera los aportes de Iván Illich, Guillermo Bonfil Batalla, Pablo González Casanova y Herbert Marcuse.

En esta ocasión nos queremos ocupar de los planteamientos críticos y las estrategias pedagógicas del gran educador brasileño Paulo Freire (1921-1997). Su crítica demoledora de la educación “bancaria” tradicional y su concepción del proceso pedagógico como inducción y acompañamiento hacia la concientización emancipatoria siguen siendo orientaciones clave para proyectos educativos y culturales de todo tipo que pretenden tomar en serio la dignidad y la capacidad creativa de los seres humanos. En vista de las enormes desigualdades y tensiones sociales del presente, tal acción “educativa” implica necesariamente la crítica fundamental de las ideologías dominantes y el impulso a transformar el orden social vigente.

 

 

Programa:

  1. Bienvenida y presentación
  2. Dr. Esteban Krotz (UCS-CIR-UADY):

El contexto sociocultural latinoamericano de Paulo Freire

  1. Br. Valeria Contreras Hernández (Lic. en Antropología Social-FCA-UADY):

Vida y obra de Paulo Freire

  1. Mtro. Pablo V. Monroy Gómez (Magistrado de la Judicatura Federal):

Paulo Freire en el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca

  1. Soc. Nancy Walker (Ciencia Social Alternativa Kookay):

            Experiencias freireanas en Yucatán

  1. Discusión general

 

Fecha: Martes, 6 de diciembre de 2016, 18.00-20.00 horas

Lugar: Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán; Calle 61 # 525, entre 66 y 68, Centro Histórico, Mérida, Yucatán.

Entrada libre. Más información y contacto: 9242767 (9-14 hs).

Coordinación: Esteban Krotz (UCS-CIR-UADY) y Rodrigo Llanes S. (CEPHCIS-UNAM)

“PERSISTEN VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA DEL PUEBLO MAYA SOBRE SOYA TRANSGÉNICA”

 

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  • SENASICA no brinda información clara y completa sobre la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche

 

  • Misión de observación exige a las autoridades que cumplan con los principios de buena fe y consulta libre e informada, establecidos por la SCJN y la CNDH

 

El pasado sábado 15 de octubre se llevaron a cabo en los municipios de Hopelchén y Tenabo las terceras sesiones de la etapa de “Acuerdos Previos” de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada, en el marco del cumplimiento de diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordenaron a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la realización de un proceso apegado a los principios de buena fe, consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

 

En el encuentro se presentó el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), denominado “Informe de Inspección y Vigilancia de Soya en Campeche”, sobre la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el estado, solicitado por la comunidades consultadas y acordado en la segunda sesión de Acuerdos previos, el pasado 30 de junio.

 

En la exposición de SENASICA se informó, con apoyo en dos diapositivas, que del 10 de agosto al 23 de septiembre del presente año se realizaron 3 visitas de vigilancia a diferentes predios y bodegas de los municipios de Hecelchakan, Champotón y Hopelchén, de las cuales se obtuvieron 55 muestras y, de éstas, después de la verificación, se confirmó que 5 eran de soya transgénica. Esta siembra confirmada de soya transgénica es una violación a la sentencia de la SCJN, y además viola por segunda ocasión el carácter de consulta previa.

 

Ante esta situación, representantes de las comunidades mayas solicitaron al SENASICA, CIBIOGEM y CDI, información precisa sobre los predios donde se sembró ilegalmente, cuántas son las hectáreas, cuáles corresponden al municipio de Hopelchén, así como qué tipo de sanciones se aplicarán a los responsables. Sin embargo, las autoridades no respondieron con claridad y precisión a dichas preguntas, a pesar de la reiterada exigencia de las comunidades ahí presentes de conocer esta información. Ante la información incompleta e imprecisa por parte de las autoridades, los representantes de las comunidades expresaron sentirse burlados y que el informe era una farsa, cuyo objetivo era confundir y engañar a las comunidades. No cumplir este primer acuerdo, así como la forma en que se rindió el informe no contribuye a crear un ambiente de confianza entre las autoridades y las comunidades

 

En vista de los reclamos, las autoridades acordaron con las comunidades que el próximo 25 de octubre, SENASICA presentará un informe oral y escrito específicamente del municipio de Hopelchén y tomando en cuenta todas las observaciones y dudas presentadas y manifestadas por los asistentes.

 

La sesión transcurrió en un ambiente de mejor comunicación que las dos anteriores, a excepción de las interrupciones de parte de un grupo de sembradores de soya, de tono violento, que fue invitado a abandonar la sesión. Si bien las autoridades reaccionaron a tiempo, notamos que persiste el riesgo de conflicto e instamos a las autoridades a prevenir en lo posible y evitar que éste ambiente siga creciendo.

 

Finalmente, en estas sesiones las comunidades de Hopelchén y Tenabo hicieron entrega a las autoridades responsables de su propuesta de “Programa de trabajo” de la consulta, quienes devolverán una versión integrada antes del 10 de diciembre con el fin de ser discutida los días 28 y 29 de enero del siguiente año en estos Municipios.

 

Por lo tanto, la Misión de Observación hace un llamado urgente a la CIBIOGEM y a la CDI para que vigilen el cuidado de este proceso, basados en lo que estableció la SCJN, y cumplan cabalmente con la información solicitada por la población maya consultada. La Misión Observación también solicita que se asegure la integridad de los representantes de comunidades mayas y asesores que participan en la consulta y que eviten incidentes que pongan en peligro su integridad y el diálogo respetuoso y de buena fe que deben caracterizar este proceso.

 

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya:

 

Vía Orgánica A.C.

 

Datos de contacto:

Olinca Marino <olinca.marino@serapaz.org.mx>

Rodrigo Llanes <rodrigo.llanes.s@gmail.com>

 

Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 19 de octubre de 2016

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Pronunciamiento del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. en relación con la “Manifestación por la familia”

Mérida, Yucatán, a 10 de septiembre de 2016

Como profesionistas de las ciencias antropológicas consideramos fundamental pronunciarnos en torno a los siguientes puntos:

  1. La familia es un fenómeno sociocultural cuya estructura (las diferentes partes que la componen), su función (el papel que cumple en la sociedad), así como sus significados han cambiado a través de la historia humana y en la actualidad también son diversos.

  1. Los estudios antropológicos han documentado que la estructura de la familia no se reduce a un padre, una madre y sus hijos, sino que existen cientos de formas de estructuras familiares. Del mismo modo, han registrado que la función de la familia no se limita a la procreación y reproducción biológica de la especie; la familia como institución ha jugado y sigue jugando un papel en la regulación de la herencia, de la división sexual del trabajo, la reproducción sociocultural —no sólo biológica— de los colectivos humanos, así como en la seguridad social de las personas.

  1. No existe fundamento desde las ciencias antropológicas para sostener que existe un solo modelo de familia, que la familia sólo tenga —y/o pueda tener— una estructura, una función y un significado.

  1. Uno de los principios éticos de las ciencias antropológicas es el conocimiento, el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Desde la perspectiva de las ciencias antropológicas, la unidad de la especie humana sólo se manifiesta como una inmensa diversidad de expresiones sociales y culturales. No existe la familia en singular, sino las familias en plural. Como profesionistas de las ciencias antropológicas nos pronunciamos a favor del reconocimiento y respeto de esta diversidad.

  1. Nos pronunciamos a favor de que las profesiones en el estado contribuyan al conocimiento, reconocimiento y respeto de la diversidad humana.

Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C.

Consejo Directivo 2014-2016

 

Reporte de observación de las sesiones de la fase informativa en Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh, Dzibalchén, y de las fases consultiva y deliberativa en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh (2 de julio-14 de agosto)

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Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 7 de septiembre de 2016

Reporte de observación de las sesiones de la fase informativa en Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh, Dzibalchén, y de las fases consultiva y deliberativa en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh (2 de julio-14 de agosto)

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

  1. Antecedentes y breve descripción de los hechos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano[1] la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Como ha documentado esta Misión de Observación en un reporte,[2] durante la sesión de la fase de “Acuerdos previos” realizada en el municipio de Hopelchén el 30 de junio de 2016, diversos actores externos al proceso de consulta ocuparon las instalaciones donde se llevaría a cabo la reunión de consulta, por lo que los representantes de la mayoría de las comunidades consultadas consideraron que no había las condiciones para que se llevara a cabo la sesión.

A pesar de la posición de los representantes de las comunidades, las autoridades responsables del proceso de consulta decidieron continuar con la sesión, dividiéndola en dos salones. Este hecho, como ha documentado la Misión, violó el principios de “buena fe” —pues generó un ambiente de desconfianza y de hostilidades— así como el de “culturalmente adecuada” —ya que no se respetó la forma de tomar decisiones de las comunidades. Asimismo, dividió al conjunto de comunidades sujetas a consulta: mientras que 31 comunidades decidieron continuar con la fase de “Acuerdos previos” el 15 de octubre de 2016, dos comunidades, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, resolvieron proseguir con la fase informativa los días 9 y 10 de julio, respectivamente.

El 9 de julio de 2016 se llevó a cabo la única sesión de la fase “Informativa” en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide. La reunión tuvo lugar en la cancha de usos múltiples de la comunidad a las 10:30 horas. Las autoridades responsables que asistieron fueron Marco Ramírez de CIBIOGEM, David Mendoza y Carlos Tamayo de CDI, Luis Fernández de la IV Visitaduría de la CNDH. Las personas que proporcionaron información fueron Marco Ramírez, Yuri Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Sur de Campeche, Sergio Sarabia de la COFEPRIS, Rafael Romero del SENASICA y Belén Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo (quien antes trabajó en SENASICA). Los temas que se abordaron fueron: la ley que regula los OGM, qué es un OGM, en qué consiste la soya GM, qué es el glifosato, qué sucede si un OGM se siembra en un Área Natural Protegida, los resultados de un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán sobre el comportamiento de las abejas en el cultivo de la soya. Luis Fernández abordó el tema de derechos humanos (solicitado por los representantes de la comunidad en la segunda sesión de Acuerdos previos el pasado 30 de junio), centrándose en el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Cabe destacar que Fernández precisó que no se encontraba en el lugar la mayoría de la comunidad y también señaló la falta de presencia de las mujeres. Toda la información de la sesión se dio en español. No se llegaron a acuerdos en esta reunión.

Una vez finalizada la fase Informativa, el 15 de julio se llevó a cabo la sesión correspondiente a las fases “Deliberativa” y “Consultiva” en Vicente Guerrero Iturbide, también en la cancha de usos múltiples, a las 10 horas.

En esta reunión estuvieron presentes Marco Ramírez y Brenda Ordaz de CIBIOGEM y David Mendoza de la CDI. Actualmente, la comunidad se encuentra dividida entre quienes están a favor de la siembra de soya GM —principalmente personas que rentan tierras a menonitas— y quienes se oponen a ella. Sólo hubo presencia del grupo local a favor de la siembra de soya GM y de algunos menonitas En cumplimiento de uno de los acuerdos de la sesión anterior, también estuvo un reportero y un camarógrafo del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes videograbaron parte de la sesión.

Marco Ramírez preguntó a los asistentes cuánto tiempo necesitaban para deliberar. Pidió que en una hoja de papel, con pluma o lápiz, escribieran la conclusión de la comunidad en relación al tema de la consulta. Las autoridades y los asistentes acordaron que estos tendrían hora y media para deliberar y que, mientras tanto, las autoridades dejarían la sede de la reunión. Uno de los habitantes de la comunidad mencionó que lo que se ha decidido en otras sesiones de la consulta no es válido, refiriéndose a los acuerdos alcanzados por la mayoría de las comunidades y a las acciones tomadas por otros habitantes de Iturbide (que se describirán más adelante). Marco Ramírez recordó a los asistentes que podían dar su consentimiento o llegar a un acuerdo, pero que tuvieran la decisión por escrito.

Alrededor de 25 personas de la comunidad se formaron en un círculo para deliberar. Todos eran hombres. Inmediatamente uno de los miembros de la comunidad tomó el micrófono y dijo que ya se había tomado la decisión. Explicó por qué se están alejando de la siembra del maíz; señaló que nuestra madre naturaleza ya cambió, y que por el cambio climático ya sólo les cae una lluvia al mes. Asimismo, otro integrante de la comunidad repitió el análisis de costos que Belén Hernández hizo en la fase informativa: mientras que para una tonelada de maíz invierten 9, 726 pesos, para una de soya GM invierten 5, 126 pesos. Concluyó que ganarían 10, 800 pesos por hectárea de soya GM.

Otro de los asistentes de la sesión dio lectura al acuerdo que tomaron. “Nos conviene a todos”, dijo, al tiempo que comentó que tal vez la próxima temporada puedan sembrar. Expresó también “que quede claro que aquí en Iturbide vamos a sembrar soya GM”.

Una vez transcurrido el tiempo de la deliberación, las autoridades regresaron a la cancha para dar inicio a la fase Consultiva. Marco Ramírez pidió que dieran lectura al documento. Un integrante de la comunidad dio lectura al texto. En esta ocasión se acercó más gente, incluyendo mujeres. En el documento de acuerdos retoman lo expuesto por Yuri Peña en la fase Informativa: que no hay daño ambiental por la soya GM, que no hay miel contaminada, y que el uso correcto del glifosato no provoca daño. El lector del documento comunicó que, basándose en la autonomía, en los bajos costos de los insumos para la siembra de soya GM y en el cambio climático a nivel mundial, deciden sembrar soya GM.

A las 12:30 horas, Marco Ramírez agradeció la participación de la comunidad. Explicó que este resultado lo haría llegar al SENASICA, a la Cuarta Visitaduría de la CNDH, a la SCJN y a las demás autoridades correspondientes. También se comprometió a entregar a los representantes de la comunidad una copia de la entrega recepción del acta de esta sesión a las autoridades. Un integrante de la comunidad pidió que se respete la decisión a la que llegaron y que en 3 días se pueda sembrar.

Cabe señalar que en ninguna de estas dos reuniones estuvieron los comisarios municipal y ejidal de la comunidad. El comisario ejidal aclaró a las autoridades responsables de la consulta que no asistirían para evitar confrontaciones con el grupo a favor de la soya GM, y los invitó a la asamblea ejidal que convocó para el domingo 17 de julio. Las autoridades no asistieron. En esta asamblea estuvieron presentes el comisario municipal, el consejo de vigilancia, ejidatarios y comuneros de la localidad, quienes elaboraron una carta[3] en la que expresaron que no quieren la siembra de soya GM. Para esta carta reunieron alrededor de 500 firmas.

Por otra parte, el 10 de julio se realizó la sesión de la fase “Informativa” en la comunidad de Chencoh con la presencia de Marco Ramírez de CIBIOGEM, David Mendoza y Carlos Tamayo de CDI, Luis Fernández de la IV Visitaduría de la CNDH. Las personas que proporcionaron información fueron Marco Ramírez, Yuri Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Sur de Campeche, Sergio Sarabia de la COFEPRIS, Rafael Romero del SENASICA y Belén Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo. Los temas que se abordaron fueron: la ley que regula los OGM, qué es un OGM, en qué consiste la soya GM, qué es el glifosato, la fisiología de la planta (tema solicitado por la comunidad en la reunión del 30 de junio).

A diferencia de la sesión en Iturbide, las presentaciones fueron proyectadas en una de las paredes del local. La primera parte de las exposiciones fue traducida a la maya, aunque unos asistentes pidieron que no se tradujera para que se avanzara más rápido. El local era pequeño y solo unas 30 personas estaban dentro, otros más permanecieron fuera y en el parque.

Los asistentes de la comunidad expresaron preocupación por la contaminación de la atmósfera por el efecto de la fumigación con avioneta y por la muerte de pavos de monte y abejas. Las preguntas no se contestaron y había un clima de inquietud y desconfianza. Un joven preguntó ¿qué decisión tomará Senasica si las comunidades dicen que no y los científicos dicen que sí? Asimismo, uno de los asistentes informó que hay personas sembrando soya GM en Las Flores.

En la sesión se acordó que la comunidad de Chencoh se da por enterada de la información y que pasa a la fase “Deliberativa” que se realizaría el 14 de agosto. También se acordó que, a pesar de pasar a otra fase, la comunidad tiene el derecho a solicitar más información.

Hacia el final de la segunda sesión de “Acuerdos previos” realizada en Hopelchén el 30 de junio, los representantes de tres comunidades: Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil, se retiraron de la sede antes de firmar el acta circunstanciada. Días después, el 9 y 10 de julio, Marco Ramírez de CIBIOGEM y Gabriel Canul, responsable de la consulta y adscrito a la delegación de Campeche de la CDI, visitaron a los comisarios ejidales de estas comunidades y les ofrecieron continuar con la etapa “Informativa” antes del 15 de octubre. El representante de San Francisco Suctuc respondió que no, mientras que los de Dzibalchén y Xcupil dijeron que sí. De este modo, la sesión informativa en Xcupil sería el 23 de julio y en Dzibalchén el 24 del mismo mes.

Ante estos hechos, la Misión de Observación envió una carta[4] a Nuvia Mayorga, Directora General de la CDI, Sol Ortiz, Secretaria Ejecutiva de CIBIOGEM, y Luis Raúl González, Presidente de la CNDH, en la que “externa su preocupación de que estas acciones propicien la división de las comunidades mayas, toda vez que la búsqueda de acuerdos específicos, comunidad por comunidad, generan ritmos diferenciados fuera del marco de los acuerdos conjuntos tomados con las autoridades”. Asimismo, en este documento, la Misión hizo “un llamado urgente para que los acuerdos tomados en la sesión del 30 de junio en la tele aula del Centro Cultural ‘Los Chenes’, con los representantes de las 31 comunidades de Hopelchén, sean respetados y en consecuencia se cumpla con el calendario acordado para el 15 de octubre y no se lleven a cabo las reuniones informativas para el 23 y el 24 de [julio] en Xcupil y Dzibalchén que vulneran los tiempos y procedimientos de decisión del pueblo maya”.

Si bien las autoridades suspendieron la sesión de la etapa Informativa en la comunidad de Xcupil, como lo solicitaron los representantes comunitarios elegidos para la consulta que no estuvieron de acuerdo, sí llevaron a cabo la de Dzibalchén el 24 de julio. Ésta se realizó en la cancha de usos múltiples entre las 9:00 y 14:30 horas con la presencia de unas 50 personas. Estuvieron presentes Sol Ortiz, Marco Marco Ramírez, Brenda Ordaz de CIBIOGEM; David Mendoza (CDI), Mauricio Camacho y Cristian Barroso de la Cuarta Visitaduría de la CNDH. Quienes proporcionaron la información fueron Sol Ortiz, Marco Ramírez, Rafael Romero, Sergio Sarabia y Belén Hernández. Los temas sobre los cuales se informó fueron: la legislación sobre OGM; qué es una planta GM; qué es el glifosato; ventajas, posibles riesgos y daños que pueda tener la soya GM para el medio ambiente y cómo afecta a la apicultura. Las presentaciones fueron las mismas que en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh con la diferencia de que Sol Ortiz sustituyó a Yuri Peña. Todas las exposiciones fueron en español.

Las pocas preguntas de los asistentes versaron sobre el uso de agroquímicos y sus efectos y la necesidad de que los capaciten bien y les aseguren que no hay daño a la salud. Destacó el comentario de un campesino de 50 años hecho desde una lógica diferente a la de los expositores que referían las ventajas económicas de la soya GM. Mencionó que sancochó la soya GM y que cuando la sacó y bebió, el caldillo estaba amargo. Preguntó por qué traen cultivos amargos para que coma la gente. “Lo que busco es una siembra de paz y salud. Que traigan comida para que la vida buena crezca, sanamente”. Belén Hernández respondió que la soya es una oleaginosa y, por lo tanto, es para alimentación animal.

Las autoridades preguntaron si era suficiente información. Al no presentarse más preguntas, se propuso y aceptó dar por terminada la fase y pasar a la fase “Deliberativa”. El comisario ejidal acordó avisar a las autoridades responsables de la consulta la fecha acordada por la comunidad.

Por último, la sesión correspondiente a las fases “Deliberativa” y “Consultiva” en la comunidad de Chencoh estaba programada para el 14 de agosto. No obstante, el 10 de agosto los representantes de la comunidad pidieron, a través de una carta a las autoridades responsables de la consulta, continuar con la etapa de “Acuerdos previos” el 15 de octubre junto con la mayoría de las comunidades de Hopelchén. Por lo tanto, el 14 de agosto sólo se realizó una “diligencia”, en la que Marco Ramírez, de CIBIOGEM, fue a la comunidad para que los representantes firmaran el acuerdo de que continúan con la tercera sesión de “Acuerdos previos” el 15 de octubre en Hopelchén.

En entrevista que integrantes de la Misión hicieron a los representantes de la comunidad de Chencoh el 14 de agosto, estos señalaron que la sesión del 30 de junio en Hopelchén les resultó confusa debido a la división en dos salas, que no querían tener un proceso de consulta aparte de la mayoría de las comunidades. También expresaron su preocupación por la muerte de pavos de monte y de abejas, las cuales se han estado dando, según ellos, desde hace tres años. Párrafos arriba se asienta que la fase “Informativa” en esta comunidad también fue confusa y dejó inquietudes.

  1. Violaciones a los principios del derecho a la consulta

  1. Violación al carácter “previo” de la consulta y vulneración de la suspensión judicial

1.1. Como ya lo ha manifestado la Misión en sus reportes anteriores, este proceso de consulta no se realizó de manera previa a la autorización del permiso de siembra comercial de soya genéticamente modificada en siete estados de la República Mexicana.

1.2. Diversos integrantes de las comunidades consultadas, particularmente de Vicente Guerrero Iturbide y de Chencoh, han declarado que se está sembrando soya GM en sus comunidades y alrededores, lo cual, de ser verdad, constituye una violación de la resolución de la SCJN.

1.3. Del mismo modo, algunos de los asistentes a las sesiones de las fases “Informativa”, “Deliberativa” y “Consultiva” en Vicente Guerrero Iturbide han advertido que van a sembrar soya GM: “que quede claro que aquí en Iturbide vamos a sembrar soya GM”.

1.4. A esta Misión le resulta particularmente preocupante que integrantes de ocho comunidades —San Luciano y Carlos Cano Cruz, del municipio de Campeche; Yalnon y Chavi, de Hecelchakán; Vicente Guerrero Iturbide, Nueva Trinidad, Las Palmas de Hopelchén— decidieron interponer un recurso de amparo a fin de que se les permita sembrar soya GM y, sobre todo, que el delegado de la SAGARPA, Cruz Alberto Uc Hernández,[5] haya declarado que el municipio de Campeche está libre de la recomendación de la SCJN, por lo que “sin inducir a nadie, el que tenga interés de sembrar soya transgénica lo puede hacer”.[6]

  1. Ausencia de “buena fe” y de consulta libre

2.1. Durante estas últimas sesiones, las autoridades responsables del proceso de consulta han propiciado la fragmentación del proceso, generando división, tensiones y conflicto al interior de las comunidades y entre ellas. Este hecho ha sido expresado por las propias comunidades mayas en un boletín de prensa del 29 de julio de 2016, titulado “Pueblo maya acusa a las autoridades de organizar la consulta indígena de generar conflicto interno”.[7]

2.2. La ausencia del principio de “buena fe” ha sido especialmente preocupante en el caso de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, ya que en las sesiones realizadas el 9 y el 15 de julio, correspondientes a las fases “Informativa”, “Deliberativa” y “Consultiva”, sólo ha participado el sector de la comunidad favorable a la siembra de soya GM. El sector que está en contra de dicha medida no ha participado por temor a un enfrentamiento, tal como se lo manifestaron a las autoridades responsables de la consulta, en entrevistas a la Misión y a medios de comunicación.[8] Las autoridades no han tomado en cuenta la carta y la asamblea realizada por este sector de la comunidad.

2.3. A pesar del contexto de conflictividad y tensión en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, en la sesión del 15 de julio no hubo órgano garante del proceso de consulta, no obstante que en el propio “Programa de Trabajo” de la comunidad se señala que este actor es uno de los participantes del proceso de consulta.

2.4. Uno de los aspectos más graves, que viola el estándar internacional de consulta “libre”, es el hecho de que el comisario ejidal de Vicente Guerrero Iturbide, Abelardo Briceño, denunció amenazas de muerte en su contra por recolectar firmas en contra de la siembra comercial de soya GM.[9]

2.5. Las autoridades han ejercido presión para hacer más rápido el proceso de consulta. Esto se evidenció en las gestiones que los funcionarios de CIBIOGEM y CDI hicieron con los comisarios ejidales de las comunidades de Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil para que pasaran directamente a la fase “Informativa” sin finalizar la fase de “Acuerdos previos” ni contar con un “Programa de trabajo” aceptado.

2.6. Las sesiones del proceso de consulta comprendidas en este período no han sido participativas ni representativas, tal como lo señaló Luis Fernández, visitador de la CNDH, en la sesión del 9 de julio en Vicente Guerrero Iturbide. Ha habido escasa y/o nula participación de mujeres, jóvenes y otros sectores de las comunidades.

2.7. Habitantes de las comunidades consultadas han expresado desconfianza hacia las instituciones del gobierno porque consideran que desconocen cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta para decidir si se sembrará o no soya GM.

  1. Violación al principio de consulta “informada”

La información que las autoridades responsables del proceso de consulta y los expertos proporcionaron durante la fase “Informativa” en las comunidades de Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh y Dzibalchén fue incompleta, parcial, confusa, inducida e incluso persuasiva. Asimismo, debido a la complejidad técnica del tema, así como la cantidad de tópicos relacionados con él, resulta preocupante que la información sólo se proporcione en un solo día.

3.1. La información fue incompleta porque no se cubrieron todos los temas contemplados en el “Programa de trabajo”, como el problema de la contaminación del agua. Tampoco se brindó información suficiente sobre las preguntas de los habitantes de las comunidades relativas a la contaminación del ambiente, la muerte de pavos de monte y de abejas.

Asimismo, no se hizo mención a los dictámenes y recomendaciones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología (desde 2012 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), que exhortaron al gobierno federal no autorizar la siembra comercial de soya GM.

Tampoco se incluyeron otros temas como la deforestación, la concentración de la tierra agrícola y ejidal, la posibilidad de dispersión de semillas a causa de los huracanes, entre otros.

3.2. La información fue parcial pues sólo se presentaron argumentos a favor de la soya GM. Teniendo en cuenta que dentro de la comunidad científica no existe consenso sobre los daños causados por la soya GM y su paquete tecnológico, una forma de tratar de manera imparcial el tema era presentando tanto los argumentos y estudios de quienes no reportan daños como los de quienes refieren severos impactos en el medio ambiente y la salud.

            El carácter parcial de la información brindada fue especialmente notable en las exposiciones de Yuri Peña, quien fue poco serio y formal en sus distintas intervenciones dirigiéndose a los habitantes de las comunidades con expresiones como “libérense de los miedos: los europeos, que no son gente tan educada como creemos, sino también ignorantes, tuvieron temor a la palabra transgénico y por eso los rechazaron. Pero ellos tienen mucha lana para pagar cosas orgánicas, nosotros no”. En la siguiente sesión de información fue sustituido por la Dra. Sol Ortiz, quien explicó de una forma más formal y precisa —para quienes dominan el español— lo que es la soya GM. Cabe destacar que 70 estudiantes, investigadores, profesores y trabajadores de ESCOSUR escribieron e hicieron pública una carta en la que aclaran “ante la sociedad que dicho investigador [el Dr. Peña] no habla en nombre [de] la institución, ni de su comunidad científica. Las personas quienes firmamos esta carta pensamos que existe suficiente evidencia científica en cuanto a los riesgos potenciales que la siembra de transgénicos representa para la sociedad y en específico para la seguridad alimentaria, la economía y la naturaleza de México, así que llamamos a hacer uso del principio de precaución y no permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país”.[10]

3.3. La información proporcionada fue confusa debido a varias razones. En las primeras dos sesiones de información, quienes proporcionaron la información no distinguían claramente entre soya huasteca y soya GM. Del mismo modo, hicieron analogías poco precisas para explicar la diferencia entre un organismo convencional y un organismo GM. Por ejemplo, acudían a analogías entre recetas de pasteles de distintos sabores o a la diferencia entre gemelos y “cuates”. También aseveraban que los seres humanos han modificado genéticamente las plantas y alimentos desde hace miles de años, como con la domesticación de plantas como el maíz. Al no distinguir con claridad los cultivos convencionales de los OGM, los encargados de informar a las comunidades formularon planteamientos ahistóricos, que anulan las diferencias cualitativas entre, por un lado, la selección de semillas, la fermentación de alimentos o el “cruce” de flores, y, por otro, la introducción de ADN y nucleasas de bacterias externas a un organismo en un laboratorio. Con este planteamiento ahistórico también pasaron por alto las implicaciones técnicas, legales, ambientales, económicas, políticas y culturales de los OGM.

 

3.4. La información era inducida, particularmente en las presentaciones de Yuri Peña y de Belén Hernández. Así, por ejemplo, Peña presentó una imagen de un conjunto de semillas y preguntó a los asistentes qué harían con ellas. Algunos asistentes comentaron entre sí que sembrarlas, otro que probarlas, pero en seguida Peña exclamó “jugar con ellas”, refiriéndose a modificarlas genéticamente.

3.5. Finalmente, la información también fue persuasiva para sembrar soya GM. Además de las declaraciones de Peña, Belén Hernández, de la Universidad Autónoma de Chapingo, expresó “yo sí lo usaría, pues me deja ingresos”.

  1. Falta de una consulta “culturalmente adecuada”

4.1. Las autoridades no respetaron las formas de tomar decisiones de las comunidades. Esto ha sucedido particularmente en el caso de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, en donde no aceptaron la invitación a la asamblea que convocaron las autoridades de esa comunidad ni se han manifestado en torno a las decisiones de más de quinientos habitantes que expresaron su rechazo a la siembra de soya GM. También cabe destacar la presión ejercida por parte de las autoridades hacia las comunidades de Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil, dado que no respetaron que estas comunidades habían acordado junto con las otras 28 de Hopelchén continuar con la fase de “Acuerdos previos” el 15 de octubre.

4.2. La entrega de información durante la fase “Informativa” no tomó en cuenta las particularidades socioculturales de las comunidades. En dos de las sesiones, toda la información se dio en español, y en una, se tradujo sólo una parte después de una larga explicación, cuando se trata de información compleja de entender en una lengua distinta a la materna. En el momento que las autoridades preguntaron, igualmente en español, si los asistentes entendían la información proporcionada, en general estos guardaban silencio o hacían preguntas relativas a temas no expuestos. No hubo un espacio de confianza para expresarse en lengua maya o comentar entre ellos como suelen hacerlo. En ocasiones, las autoridades y expertos hacían referencias a información que los habitantes podían encontrar a través de ciertas ligas a páginas de internet, cuando en las comunidades la señal para telefonía móvil e internet es sumamente limitada.

4.3. A la Misión le resulta preocupante que el término soya GM sea traducido a la lengua maya como sooya ma’alonkino’, cuya traducción exacta sería “soya mejorada”. Esta traducción implica claramente una valorización positiva hacia la soya GM.

  • Recomendaciones a las autoridades responsables y garantes de la consulta

Para cumplir con el carácter previo y con la suspensión ordenada por la SCJN:

  1. Que las autoridades responsables atiendan las declaraciones de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh sobre la siembra de soya GM en dicha comunidad; que SENASICA realice las inspecciones y, en su caso, la destrucción de dichos sembrados; que las demás autoridades coadyuven a que esto se haga lo más pronto posible y cuidando el respeto a los derechos de todas las partes; y, finalmente, que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo que sea necesario para cumplir con las medidas de bioseguridad marcadas por la ley, y también cumplir con la resolución de la SCJN.

Para cumplir con el principio de buena fe y consulta libre:

  1. Que no propicien procesos de división y conflicto al interior de las comunidades y entre ellas. Que tomen en consideración a todos los sectores de las comunidades, no sólo a los que están a favor de la siembra de soya GM, y que garanticen las condiciones necesarias de seguridad, respeto, confianza mutua y libre de hostilidades.

  1. Que en todas las sesiones de consulta haya una figura garante del proceso.

Para cumplir con el principio de consulta informada:

  1. Que proporcionen información lo más completa, imparcial, clara y objetiva posible. Que cubran todos los temas que están contemplados en el “Programa de trabajo” y sobre los cuales los habitantes de las comunidades solicitan información, y que sea en un tiempo que permita a la población entender y conocer todos los puntos de vista, beneficios y afectaciones de la siembra de soya GM.

  1. Que las autoridades responsables y los expertos que proporcionen información tengan una posición imparcial, que no busquen inducir ni persuadir a las comunidades.

  1. Que permitan que las comunidades cuenten con estudios independientes sobre los temas que son de su interés.

Para cumplir con el principio de consulta culturalmente adecuada:

  1. Que respeten las formas de tomar decisiones de las comunidades consultadas.

  1. Que los traductores-intérpretes empleados sean capacitados en el tema de la soya GM.

Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa, fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y la lectura de las actas circunstanciada de las sesiones de la consulta por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

[2] “Reporte de observación de la segunda sesión de la fase de “Acuerdos previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio)”. URL: <http://consultaindigenamaya.org/tercer-reporte/&gt;.

[3] Esta información se obtuvo de la carta referida y del propio comisario ejidal, quien la corroboró a miembros de la MO en Hopelchén el 13 de agosto de 2016.

[4] Disponible en: <http://consultaindigenamaya.org/boletin-carta-observaciones-cdi-cibiogem/&gt;.

[5] El 24 de agosto de 2016 Cruz Alberto Uc Hernández fue destituido del cargo de delegado estatal de la SAGARPA y fue sustituido por Lucio Lastra Ortiz.

[6] “Productores de soya transgénica buscarán amparo para poder sembrar en este ciclo”. En: La Jornada Maya, 5 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-05/Se-polariza-consulta-sobre-soya-transgenica&gt;.

[7] Boletín disponible en: <http://fundar.org.mx/pueblo-maya-acusa-a-las-autoridades-de-organizar-la-consulta-indigena-de-generar-conflicto-interno/?ID=&gt;.

[8] De acuerdo con las declaraciones del comisario ejidal, Abelardo Briceño, y el comisario municipal, Mario Ché. “Productores de soya de Iturbide buscan continuar con la siembra”. En: La Jornada Maya, 18 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-18/Autoridades-locales-recogen-firmas-contra-acuerdo&gt;.

[9] “Denuncian amenazas de muerte contra opositores a siembra de soya transgénica”. En: La Jornada Maya, 21 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-21/Comunidad-del-Ecosur&gt;.

[10] “Carta de estudiantes, profesores/as, investigadores/as y trabajadores/as de El Colegio de la Frontera Sur”. URL: <http://maogm.org/carta-de-estudiantes-profesoresas-investigadoresas-y-trabajadoresas-de-el-colegio-de-la-frontera-sur-ecosur/&gt;.

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