Pronunciamiento del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. en relación con la “Manifestación por la familia”

Mérida, Yucatán, a 10 de septiembre de 2016

Como profesionistas de las ciencias antropológicas consideramos fundamental pronunciarnos en torno a los siguientes puntos:

  1. La familia es un fenómeno sociocultural cuya estructura (las diferentes partes que la componen), su función (el papel que cumple en la sociedad), así como sus significados han cambiado a través de la historia humana y en la actualidad también son diversos.

  1. Los estudios antropológicos han documentado que la estructura de la familia no se reduce a un padre, una madre y sus hijos, sino que existen cientos de formas de estructuras familiares. Del mismo modo, han registrado que la función de la familia no se limita a la procreación y reproducción biológica de la especie; la familia como institución ha jugado y sigue jugando un papel en la regulación de la herencia, de la división sexual del trabajo, la reproducción sociocultural —no sólo biológica— de los colectivos humanos, así como en la seguridad social de las personas.

  1. No existe fundamento desde las ciencias antropológicas para sostener que existe un solo modelo de familia, que la familia sólo tenga —y/o pueda tener— una estructura, una función y un significado.

  1. Uno de los principios éticos de las ciencias antropológicas es el conocimiento, el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Desde la perspectiva de las ciencias antropológicas, la unidad de la especie humana sólo se manifiesta como una inmensa diversidad de expresiones sociales y culturales. No existe la familia en singular, sino las familias en plural. Como profesionistas de las ciencias antropológicas nos pronunciamos a favor del reconocimiento y respeto de esta diversidad.

  1. Nos pronunciamos a favor de que las profesiones en el estado contribuyan al conocimiento, reconocimiento y respeto de la diversidad humana.

Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C.

Consejo Directivo 2014-2016

 

Reporte de observación de las sesiones de la fase informativa en Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh, Dzibalchén, y de las fases consultiva y deliberativa en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh (2 de julio-14 de agosto)

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Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 7 de septiembre de 2016

Reporte de observación de las sesiones de la fase informativa en Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh, Dzibalchén, y de las fases consultiva y deliberativa en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh (2 de julio-14 de agosto)

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

  1. Antecedentes y breve descripción de los hechos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano[1] la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Como ha documentado esta Misión de Observación en un reporte,[2] durante la sesión de la fase de “Acuerdos previos” realizada en el municipio de Hopelchén el 30 de junio de 2016, diversos actores externos al proceso de consulta ocuparon las instalaciones donde se llevaría a cabo la reunión de consulta, por lo que los representantes de la mayoría de las comunidades consultadas consideraron que no había las condiciones para que se llevara a cabo la sesión.

A pesar de la posición de los representantes de las comunidades, las autoridades responsables del proceso de consulta decidieron continuar con la sesión, dividiéndola en dos salones. Este hecho, como ha documentado la Misión, violó el principios de “buena fe” —pues generó un ambiente de desconfianza y de hostilidades— así como el de “culturalmente adecuada” —ya que no se respetó la forma de tomar decisiones de las comunidades. Asimismo, dividió al conjunto de comunidades sujetas a consulta: mientras que 31 comunidades decidieron continuar con la fase de “Acuerdos previos” el 15 de octubre de 2016, dos comunidades, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, resolvieron proseguir con la fase informativa los días 9 y 10 de julio, respectivamente.

El 9 de julio de 2016 se llevó a cabo la única sesión de la fase “Informativa” en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide. La reunión tuvo lugar en la cancha de usos múltiples de la comunidad a las 10:30 horas. Las autoridades responsables que asistieron fueron Marco Ramírez de CIBIOGEM, David Mendoza y Carlos Tamayo de CDI, Luis Fernández de la IV Visitaduría de la CNDH. Las personas que proporcionaron información fueron Marco Ramírez, Yuri Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Sur de Campeche, Sergio Sarabia de la COFEPRIS, Rafael Romero del SENASICA y Belén Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo (quien antes trabajó en SENASICA). Los temas que se abordaron fueron: la ley que regula los OGM, qué es un OGM, en qué consiste la soya GM, qué es el glifosato, qué sucede si un OGM se siembra en un Área Natural Protegida, los resultados de un estudio de la Universidad Autónoma de Yucatán sobre el comportamiento de las abejas en el cultivo de la soya. Luis Fernández abordó el tema de derechos humanos (solicitado por los representantes de la comunidad en la segunda sesión de Acuerdos previos el pasado 30 de junio), centrándose en el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Cabe destacar que Fernández precisó que no se encontraba en el lugar la mayoría de la comunidad y también señaló la falta de presencia de las mujeres. Toda la información de la sesión se dio en español. No se llegaron a acuerdos en esta reunión.

Una vez finalizada la fase Informativa, el 15 de julio se llevó a cabo la sesión correspondiente a las fases “Deliberativa” y “Consultiva” en Vicente Guerrero Iturbide, también en la cancha de usos múltiples, a las 10 horas.

En esta reunión estuvieron presentes Marco Ramírez y Brenda Ordaz de CIBIOGEM y David Mendoza de la CDI. Actualmente, la comunidad se encuentra dividida entre quienes están a favor de la siembra de soya GM —principalmente personas que rentan tierras a menonitas— y quienes se oponen a ella. Sólo hubo presencia del grupo local a favor de la siembra de soya GM y de algunos menonitas En cumplimiento de uno de los acuerdos de la sesión anterior, también estuvo un reportero y un camarógrafo del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes videograbaron parte de la sesión.

Marco Ramírez preguntó a los asistentes cuánto tiempo necesitaban para deliberar. Pidió que en una hoja de papel, con pluma o lápiz, escribieran la conclusión de la comunidad en relación al tema de la consulta. Las autoridades y los asistentes acordaron que estos tendrían hora y media para deliberar y que, mientras tanto, las autoridades dejarían la sede de la reunión. Uno de los habitantes de la comunidad mencionó que lo que se ha decidido en otras sesiones de la consulta no es válido, refiriéndose a los acuerdos alcanzados por la mayoría de las comunidades y a las acciones tomadas por otros habitantes de Iturbide (que se describirán más adelante). Marco Ramírez recordó a los asistentes que podían dar su consentimiento o llegar a un acuerdo, pero que tuvieran la decisión por escrito.

Alrededor de 25 personas de la comunidad se formaron en un círculo para deliberar. Todos eran hombres. Inmediatamente uno de los miembros de la comunidad tomó el micrófono y dijo que ya se había tomado la decisión. Explicó por qué se están alejando de la siembra del maíz; señaló que nuestra madre naturaleza ya cambió, y que por el cambio climático ya sólo les cae una lluvia al mes. Asimismo, otro integrante de la comunidad repitió el análisis de costos que Belén Hernández hizo en la fase informativa: mientras que para una tonelada de maíz invierten 9, 726 pesos, para una de soya GM invierten 5, 126 pesos. Concluyó que ganarían 10, 800 pesos por hectárea de soya GM.

Otro de los asistentes de la sesión dio lectura al acuerdo que tomaron. “Nos conviene a todos”, dijo, al tiempo que comentó que tal vez la próxima temporada puedan sembrar. Expresó también “que quede claro que aquí en Iturbide vamos a sembrar soya GM”.

Una vez transcurrido el tiempo de la deliberación, las autoridades regresaron a la cancha para dar inicio a la fase Consultiva. Marco Ramírez pidió que dieran lectura al documento. Un integrante de la comunidad dio lectura al texto. En esta ocasión se acercó más gente, incluyendo mujeres. En el documento de acuerdos retoman lo expuesto por Yuri Peña en la fase Informativa: que no hay daño ambiental por la soya GM, que no hay miel contaminada, y que el uso correcto del glifosato no provoca daño. El lector del documento comunicó que, basándose en la autonomía, en los bajos costos de los insumos para la siembra de soya GM y en el cambio climático a nivel mundial, deciden sembrar soya GM.

A las 12:30 horas, Marco Ramírez agradeció la participación de la comunidad. Explicó que este resultado lo haría llegar al SENASICA, a la Cuarta Visitaduría de la CNDH, a la SCJN y a las demás autoridades correspondientes. También se comprometió a entregar a los representantes de la comunidad una copia de la entrega recepción del acta de esta sesión a las autoridades. Un integrante de la comunidad pidió que se respete la decisión a la que llegaron y que en 3 días se pueda sembrar.

Cabe señalar que en ninguna de estas dos reuniones estuvieron los comisarios municipal y ejidal de la comunidad. El comisario ejidal aclaró a las autoridades responsables de la consulta que no asistirían para evitar confrontaciones con el grupo a favor de la soya GM, y los invitó a la asamblea ejidal que convocó para el domingo 17 de julio. Las autoridades no asistieron. En esta asamblea estuvieron presentes el comisario municipal, el consejo de vigilancia, ejidatarios y comuneros de la localidad, quienes elaboraron una carta[3] en la que expresaron que no quieren la siembra de soya GM. Para esta carta reunieron alrededor de 500 firmas.

Por otra parte, el 10 de julio se realizó la sesión de la fase “Informativa” en la comunidad de Chencoh con la presencia de Marco Ramírez de CIBIOGEM, David Mendoza y Carlos Tamayo de CDI, Luis Fernández de la IV Visitaduría de la CNDH. Las personas que proporcionaron información fueron Marco Ramírez, Yuri Peña, investigador de El Colegio de la Frontera Sur de Campeche, Sergio Sarabia de la COFEPRIS, Rafael Romero del SENASICA y Belén Hernández de la Universidad Autónoma de Chapingo. Los temas que se abordaron fueron: la ley que regula los OGM, qué es un OGM, en qué consiste la soya GM, qué es el glifosato, la fisiología de la planta (tema solicitado por la comunidad en la reunión del 30 de junio).

A diferencia de la sesión en Iturbide, las presentaciones fueron proyectadas en una de las paredes del local. La primera parte de las exposiciones fue traducida a la maya, aunque unos asistentes pidieron que no se tradujera para que se avanzara más rápido. El local era pequeño y solo unas 30 personas estaban dentro, otros más permanecieron fuera y en el parque.

Los asistentes de la comunidad expresaron preocupación por la contaminación de la atmósfera por el efecto de la fumigación con avioneta y por la muerte de pavos de monte y abejas. Las preguntas no se contestaron y había un clima de inquietud y desconfianza. Un joven preguntó ¿qué decisión tomará Senasica si las comunidades dicen que no y los científicos dicen que sí? Asimismo, uno de los asistentes informó que hay personas sembrando soya GM en Las Flores.

En la sesión se acordó que la comunidad de Chencoh se da por enterada de la información y que pasa a la fase “Deliberativa” que se realizaría el 14 de agosto. También se acordó que, a pesar de pasar a otra fase, la comunidad tiene el derecho a solicitar más información.

Hacia el final de la segunda sesión de “Acuerdos previos” realizada en Hopelchén el 30 de junio, los representantes de tres comunidades: Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil, se retiraron de la sede antes de firmar el acta circunstanciada. Días después, el 9 y 10 de julio, Marco Ramírez de CIBIOGEM y Gabriel Canul, responsable de la consulta y adscrito a la delegación de Campeche de la CDI, visitaron a los comisarios ejidales de estas comunidades y les ofrecieron continuar con la etapa “Informativa” antes del 15 de octubre. El representante de San Francisco Suctuc respondió que no, mientras que los de Dzibalchén y Xcupil dijeron que sí. De este modo, la sesión informativa en Xcupil sería el 23 de julio y en Dzibalchén el 24 del mismo mes.

Ante estos hechos, la Misión de Observación envió una carta[4] a Nuvia Mayorga, Directora General de la CDI, Sol Ortiz, Secretaria Ejecutiva de CIBIOGEM, y Luis Raúl González, Presidente de la CNDH, en la que “externa su preocupación de que estas acciones propicien la división de las comunidades mayas, toda vez que la búsqueda de acuerdos específicos, comunidad por comunidad, generan ritmos diferenciados fuera del marco de los acuerdos conjuntos tomados con las autoridades”. Asimismo, en este documento, la Misión hizo “un llamado urgente para que los acuerdos tomados en la sesión del 30 de junio en la tele aula del Centro Cultural ‘Los Chenes’, con los representantes de las 31 comunidades de Hopelchén, sean respetados y en consecuencia se cumpla con el calendario acordado para el 15 de octubre y no se lleven a cabo las reuniones informativas para el 23 y el 24 de [julio] en Xcupil y Dzibalchén que vulneran los tiempos y procedimientos de decisión del pueblo maya”.

Si bien las autoridades suspendieron la sesión de la etapa Informativa en la comunidad de Xcupil, como lo solicitaron los representantes comunitarios elegidos para la consulta que no estuvieron de acuerdo, sí llevaron a cabo la de Dzibalchén el 24 de julio. Ésta se realizó en la cancha de usos múltiples entre las 9:00 y 14:30 horas con la presencia de unas 50 personas. Estuvieron presentes Sol Ortiz, Marco Marco Ramírez, Brenda Ordaz de CIBIOGEM; David Mendoza (CDI), Mauricio Camacho y Cristian Barroso de la Cuarta Visitaduría de la CNDH. Quienes proporcionaron la información fueron Sol Ortiz, Marco Ramírez, Rafael Romero, Sergio Sarabia y Belén Hernández. Los temas sobre los cuales se informó fueron: la legislación sobre OGM; qué es una planta GM; qué es el glifosato; ventajas, posibles riesgos y daños que pueda tener la soya GM para el medio ambiente y cómo afecta a la apicultura. Las presentaciones fueron las mismas que en Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh con la diferencia de que Sol Ortiz sustituyó a Yuri Peña. Todas las exposiciones fueron en español.

Las pocas preguntas de los asistentes versaron sobre el uso de agroquímicos y sus efectos y la necesidad de que los capaciten bien y les aseguren que no hay daño a la salud. Destacó el comentario de un campesino de 50 años hecho desde una lógica diferente a la de los expositores que referían las ventajas económicas de la soya GM. Mencionó que sancochó la soya GM y que cuando la sacó y bebió, el caldillo estaba amargo. Preguntó por qué traen cultivos amargos para que coma la gente. “Lo que busco es una siembra de paz y salud. Que traigan comida para que la vida buena crezca, sanamente”. Belén Hernández respondió que la soya es una oleaginosa y, por lo tanto, es para alimentación animal.

Las autoridades preguntaron si era suficiente información. Al no presentarse más preguntas, se propuso y aceptó dar por terminada la fase y pasar a la fase “Deliberativa”. El comisario ejidal acordó avisar a las autoridades responsables de la consulta la fecha acordada por la comunidad.

Por último, la sesión correspondiente a las fases “Deliberativa” y “Consultiva” en la comunidad de Chencoh estaba programada para el 14 de agosto. No obstante, el 10 de agosto los representantes de la comunidad pidieron, a través de una carta a las autoridades responsables de la consulta, continuar con la etapa de “Acuerdos previos” el 15 de octubre junto con la mayoría de las comunidades de Hopelchén. Por lo tanto, el 14 de agosto sólo se realizó una “diligencia”, en la que Marco Ramírez, de CIBIOGEM, fue a la comunidad para que los representantes firmaran el acuerdo de que continúan con la tercera sesión de “Acuerdos previos” el 15 de octubre en Hopelchén.

En entrevista que integrantes de la Misión hicieron a los representantes de la comunidad de Chencoh el 14 de agosto, estos señalaron que la sesión del 30 de junio en Hopelchén les resultó confusa debido a la división en dos salas, que no querían tener un proceso de consulta aparte de la mayoría de las comunidades. También expresaron su preocupación por la muerte de pavos de monte y de abejas, las cuales se han estado dando, según ellos, desde hace tres años. Párrafos arriba se asienta que la fase “Informativa” en esta comunidad también fue confusa y dejó inquietudes.

  1. Violaciones a los principios del derecho a la consulta

  1. Violación al carácter “previo” de la consulta y vulneración de la suspensión judicial

1.1. Como ya lo ha manifestado la Misión en sus reportes anteriores, este proceso de consulta no se realizó de manera previa a la autorización del permiso de siembra comercial de soya genéticamente modificada en siete estados de la República Mexicana.

1.2. Diversos integrantes de las comunidades consultadas, particularmente de Vicente Guerrero Iturbide y de Chencoh, han declarado que se está sembrando soya GM en sus comunidades y alrededores, lo cual, de ser verdad, constituye una violación de la resolución de la SCJN.

1.3. Del mismo modo, algunos de los asistentes a las sesiones de las fases “Informativa”, “Deliberativa” y “Consultiva” en Vicente Guerrero Iturbide han advertido que van a sembrar soya GM: “que quede claro que aquí en Iturbide vamos a sembrar soya GM”.

1.4. A esta Misión le resulta particularmente preocupante que integrantes de ocho comunidades —San Luciano y Carlos Cano Cruz, del municipio de Campeche; Yalnon y Chavi, de Hecelchakán; Vicente Guerrero Iturbide, Nueva Trinidad, Las Palmas de Hopelchén— decidieron interponer un recurso de amparo a fin de que se les permita sembrar soya GM y, sobre todo, que el delegado de la SAGARPA, Cruz Alberto Uc Hernández,[5] haya declarado que el municipio de Campeche está libre de la recomendación de la SCJN, por lo que “sin inducir a nadie, el que tenga interés de sembrar soya transgénica lo puede hacer”.[6]

  1. Ausencia de “buena fe” y de consulta libre

2.1. Durante estas últimas sesiones, las autoridades responsables del proceso de consulta han propiciado la fragmentación del proceso, generando división, tensiones y conflicto al interior de las comunidades y entre ellas. Este hecho ha sido expresado por las propias comunidades mayas en un boletín de prensa del 29 de julio de 2016, titulado “Pueblo maya acusa a las autoridades de organizar la consulta indígena de generar conflicto interno”.[7]

2.2. La ausencia del principio de “buena fe” ha sido especialmente preocupante en el caso de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, ya que en las sesiones realizadas el 9 y el 15 de julio, correspondientes a las fases “Informativa”, “Deliberativa” y “Consultiva”, sólo ha participado el sector de la comunidad favorable a la siembra de soya GM. El sector que está en contra de dicha medida no ha participado por temor a un enfrentamiento, tal como se lo manifestaron a las autoridades responsables de la consulta, en entrevistas a la Misión y a medios de comunicación.[8] Las autoridades no han tomado en cuenta la carta y la asamblea realizada por este sector de la comunidad.

2.3. A pesar del contexto de conflictividad y tensión en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, en la sesión del 15 de julio no hubo órgano garante del proceso de consulta, no obstante que en el propio “Programa de Trabajo” de la comunidad se señala que este actor es uno de los participantes del proceso de consulta.

2.4. Uno de los aspectos más graves, que viola el estándar internacional de consulta “libre”, es el hecho de que el comisario ejidal de Vicente Guerrero Iturbide, Abelardo Briceño, denunció amenazas de muerte en su contra por recolectar firmas en contra de la siembra comercial de soya GM.[9]

2.5. Las autoridades han ejercido presión para hacer más rápido el proceso de consulta. Esto se evidenció en las gestiones que los funcionarios de CIBIOGEM y CDI hicieron con los comisarios ejidales de las comunidades de Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil para que pasaran directamente a la fase “Informativa” sin finalizar la fase de “Acuerdos previos” ni contar con un “Programa de trabajo” aceptado.

2.6. Las sesiones del proceso de consulta comprendidas en este período no han sido participativas ni representativas, tal como lo señaló Luis Fernández, visitador de la CNDH, en la sesión del 9 de julio en Vicente Guerrero Iturbide. Ha habido escasa y/o nula participación de mujeres, jóvenes y otros sectores de las comunidades.

2.7. Habitantes de las comunidades consultadas han expresado desconfianza hacia las instituciones del gobierno porque consideran que desconocen cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta para decidir si se sembrará o no soya GM.

  1. Violación al principio de consulta “informada”

La información que las autoridades responsables del proceso de consulta y los expertos proporcionaron durante la fase “Informativa” en las comunidades de Vicente Guerrero Iturbide, Chencoh y Dzibalchén fue incompleta, parcial, confusa, inducida e incluso persuasiva. Asimismo, debido a la complejidad técnica del tema, así como la cantidad de tópicos relacionados con él, resulta preocupante que la información sólo se proporcione en un solo día.

3.1. La información fue incompleta porque no se cubrieron todos los temas contemplados en el “Programa de trabajo”, como el problema de la contaminación del agua. Tampoco se brindó información suficiente sobre las preguntas de los habitantes de las comunidades relativas a la contaminación del ambiente, la muerte de pavos de monte y de abejas.

Asimismo, no se hizo mención a los dictámenes y recomendaciones de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología (desde 2012 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), que exhortaron al gobierno federal no autorizar la siembra comercial de soya GM.

Tampoco se incluyeron otros temas como la deforestación, la concentración de la tierra agrícola y ejidal, la posibilidad de dispersión de semillas a causa de los huracanes, entre otros.

3.2. La información fue parcial pues sólo se presentaron argumentos a favor de la soya GM. Teniendo en cuenta que dentro de la comunidad científica no existe consenso sobre los daños causados por la soya GM y su paquete tecnológico, una forma de tratar de manera imparcial el tema era presentando tanto los argumentos y estudios de quienes no reportan daños como los de quienes refieren severos impactos en el medio ambiente y la salud.

            El carácter parcial de la información brindada fue especialmente notable en las exposiciones de Yuri Peña, quien fue poco serio y formal en sus distintas intervenciones dirigiéndose a los habitantes de las comunidades con expresiones como “libérense de los miedos: los europeos, que no son gente tan educada como creemos, sino también ignorantes, tuvieron temor a la palabra transgénico y por eso los rechazaron. Pero ellos tienen mucha lana para pagar cosas orgánicas, nosotros no”. En la siguiente sesión de información fue sustituido por la Dra. Sol Ortiz, quien explicó de una forma más formal y precisa —para quienes dominan el español— lo que es la soya GM. Cabe destacar que 70 estudiantes, investigadores, profesores y trabajadores de ESCOSUR escribieron e hicieron pública una carta en la que aclaran “ante la sociedad que dicho investigador [el Dr. Peña] no habla en nombre [de] la institución, ni de su comunidad científica. Las personas quienes firmamos esta carta pensamos que existe suficiente evidencia científica en cuanto a los riesgos potenciales que la siembra de transgénicos representa para la sociedad y en específico para la seguridad alimentaria, la economía y la naturaleza de México, así que llamamos a hacer uso del principio de precaución y no permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país”.[10]

3.3. La información proporcionada fue confusa debido a varias razones. En las primeras dos sesiones de información, quienes proporcionaron la información no distinguían claramente entre soya huasteca y soya GM. Del mismo modo, hicieron analogías poco precisas para explicar la diferencia entre un organismo convencional y un organismo GM. Por ejemplo, acudían a analogías entre recetas de pasteles de distintos sabores o a la diferencia entre gemelos y “cuates”. También aseveraban que los seres humanos han modificado genéticamente las plantas y alimentos desde hace miles de años, como con la domesticación de plantas como el maíz. Al no distinguir con claridad los cultivos convencionales de los OGM, los encargados de informar a las comunidades formularon planteamientos ahistóricos, que anulan las diferencias cualitativas entre, por un lado, la selección de semillas, la fermentación de alimentos o el “cruce” de flores, y, por otro, la introducción de ADN y nucleasas de bacterias externas a un organismo en un laboratorio. Con este planteamiento ahistórico también pasaron por alto las implicaciones técnicas, legales, ambientales, económicas, políticas y culturales de los OGM.

 

3.4. La información era inducida, particularmente en las presentaciones de Yuri Peña y de Belén Hernández. Así, por ejemplo, Peña presentó una imagen de un conjunto de semillas y preguntó a los asistentes qué harían con ellas. Algunos asistentes comentaron entre sí que sembrarlas, otro que probarlas, pero en seguida Peña exclamó “jugar con ellas”, refiriéndose a modificarlas genéticamente.

3.5. Finalmente, la información también fue persuasiva para sembrar soya GM. Además de las declaraciones de Peña, Belén Hernández, de la Universidad Autónoma de Chapingo, expresó “yo sí lo usaría, pues me deja ingresos”.

  1. Falta de una consulta “culturalmente adecuada”

4.1. Las autoridades no respetaron las formas de tomar decisiones de las comunidades. Esto ha sucedido particularmente en el caso de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, en donde no aceptaron la invitación a la asamblea que convocaron las autoridades de esa comunidad ni se han manifestado en torno a las decisiones de más de quinientos habitantes que expresaron su rechazo a la siembra de soya GM. También cabe destacar la presión ejercida por parte de las autoridades hacia las comunidades de Dzibalchén, San Francisco Suctuc y Xcupil, dado que no respetaron que estas comunidades habían acordado junto con las otras 28 de Hopelchén continuar con la fase de “Acuerdos previos” el 15 de octubre.

4.2. La entrega de información durante la fase “Informativa” no tomó en cuenta las particularidades socioculturales de las comunidades. En dos de las sesiones, toda la información se dio en español, y en una, se tradujo sólo una parte después de una larga explicación, cuando se trata de información compleja de entender en una lengua distinta a la materna. En el momento que las autoridades preguntaron, igualmente en español, si los asistentes entendían la información proporcionada, en general estos guardaban silencio o hacían preguntas relativas a temas no expuestos. No hubo un espacio de confianza para expresarse en lengua maya o comentar entre ellos como suelen hacerlo. En ocasiones, las autoridades y expertos hacían referencias a información que los habitantes podían encontrar a través de ciertas ligas a páginas de internet, cuando en las comunidades la señal para telefonía móvil e internet es sumamente limitada.

4.3. A la Misión le resulta preocupante que el término soya GM sea traducido a la lengua maya como sooya ma’alonkino’, cuya traducción exacta sería “soya mejorada”. Esta traducción implica claramente una valorización positiva hacia la soya GM.

  • Recomendaciones a las autoridades responsables y garantes de la consulta

Para cumplir con el carácter previo y con la suspensión ordenada por la SCJN:

  1. Que las autoridades responsables atiendan las declaraciones de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh sobre la siembra de soya GM en dicha comunidad; que SENASICA realice las inspecciones y, en su caso, la destrucción de dichos sembrados; que las demás autoridades coadyuven a que esto se haga lo más pronto posible y cuidando el respeto a los derechos de todas las partes; y, finalmente, que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo que sea necesario para cumplir con las medidas de bioseguridad marcadas por la ley, y también cumplir con la resolución de la SCJN.

Para cumplir con el principio de buena fe y consulta libre:

  1. Que no propicien procesos de división y conflicto al interior de las comunidades y entre ellas. Que tomen en consideración a todos los sectores de las comunidades, no sólo a los que están a favor de la siembra de soya GM, y que garanticen las condiciones necesarias de seguridad, respeto, confianza mutua y libre de hostilidades.

  1. Que en todas las sesiones de consulta haya una figura garante del proceso.

Para cumplir con el principio de consulta informada:

  1. Que proporcionen información lo más completa, imparcial, clara y objetiva posible. Que cubran todos los temas que están contemplados en el “Programa de trabajo” y sobre los cuales los habitantes de las comunidades solicitan información, y que sea en un tiempo que permita a la población entender y conocer todos los puntos de vista, beneficios y afectaciones de la siembra de soya GM.

  1. Que las autoridades responsables y los expertos que proporcionen información tengan una posición imparcial, que no busquen inducir ni persuadir a las comunidades.

  1. Que permitan que las comunidades cuenten con estudios independientes sobre los temas que son de su interés.

Para cumplir con el principio de consulta culturalmente adecuada:

  1. Que respeten las formas de tomar decisiones de las comunidades consultadas.

  1. Que los traductores-intérpretes empleados sean capacitados en el tema de la soya GM.

Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa, fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y la lectura de las actas circunstanciada de las sesiones de la consulta por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

[2] “Reporte de observación de la segunda sesión de la fase de “Acuerdos previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio)”. URL: <http://consultaindigenamaya.org/tercer-reporte/&gt;.

[3] Esta información se obtuvo de la carta referida y del propio comisario ejidal, quien la corroboró a miembros de la MO en Hopelchén el 13 de agosto de 2016.

[4] Disponible en: <http://consultaindigenamaya.org/boletin-carta-observaciones-cdi-cibiogem/&gt;.

[5] El 24 de agosto de 2016 Cruz Alberto Uc Hernández fue destituido del cargo de delegado estatal de la SAGARPA y fue sustituido por Lucio Lastra Ortiz.

[6] “Productores de soya transgénica buscarán amparo para poder sembrar en este ciclo”. En: La Jornada Maya, 5 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-05/Se-polariza-consulta-sobre-soya-transgenica&gt;.

[7] Boletín disponible en: <http://fundar.org.mx/pueblo-maya-acusa-a-las-autoridades-de-organizar-la-consulta-indigena-de-generar-conflicto-interno/?ID=&gt;.

[8] De acuerdo con las declaraciones del comisario ejidal, Abelardo Briceño, y el comisario municipal, Mario Ché. “Productores de soya de Iturbide buscan continuar con la siembra”. En: La Jornada Maya, 18 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-18/Autoridades-locales-recogen-firmas-contra-acuerdo&gt;.

[9] “Denuncian amenazas de muerte contra opositores a siembra de soya transgénica”. En: La Jornada Maya, 21 de julio de 2016. URL: <https://www.lajornadamaya.mx/2016-07-21/Comunidad-del-Ecosur&gt;.

[10] “Carta de estudiantes, profesores/as, investigadores/as y trabajadores/as de El Colegio de la Frontera Sur”. URL: <http://maogm.org/carta-de-estudiantes-profesoresas-investigadoresas-y-trabajadoresas-de-el-colegio-de-la-frontera-sur-ecosur/&gt;.

Descarga el reporte aquí.

Ni siquiera una lápida con su nombre: Rosa Torre González (1890-1973)

Emiliano Canto Mayén

RT2

Fueron casi tres años de investigaciones entre libros especializados y uno más sumergido entre papeles viejos y buscando en los archivos más insólitos; todo lo anterior, en aras de hallar pistas que resolvieran el misterio de María Rosa Torre González. Ella, para quien lo ignora, fue la primera regidora municipal en la historia de la República Mexicana, electa el 1º de noviembre de 1922 y en el ejercicio de sus funciones del 1º de enero al 12 de diciembre de 1923. Pese a este hecho trascendental para la historia política de nuestro país, se desconocía hasta hace poco la fecha, lugar y circunstancias en que había acaecido su defunción y mucho menos se sabía qué había sido de ella a partir de la década de los años 1950.

     De no ser por la insistencia del Licenciado Gaspar Gómez Chacón, la muerte y paradero de esta maestra socialista seguirían siendo una incógnita. Cada duda, callejón sin salida o contradicción de las fuentes eran resueltos, gracias a una llamada por teléfono celular, por su fina intuición y profundo conocimiento de la naturaleza humana. Él dirigía desde Mérida mis pasos en la Babel Azteca y, con su pasión por Rosa Torre González, llenó de entusiasmo mi búsqueda y me puso en colaboración con Wendy Piña, diligente facilitadora de imágenes y datos, cuyas pesquisas siempre se realizan con alegría y dinamismo.

     Ahora bien, la tarea a mi cargo me llevó a consultar los escritos de los conocedores y expertos en la vida y obra de Torre González: hojeé con lentitud las páginas de Sarah A. Buck y de Piedad Peniche Rivero y avancé mucho gracias a los descubrimientos recientes hechos por José Antonio Escalante Chan y Brenda López Martínez. La constancia y la disciplina hubieran sido inútiles, si no hubiera contado con los recursos, las computadoras, bases de datos y las cartas de presentación que me proporcionó el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, mismas que me abrieron las puertas del archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Archivo de Notarías, del Archivo de la Ciudad de México y, también, de la Dirección General del Registro Civil de la más joven entidad de la República.

     La montaña de papeles, explorada con paciencia, fue revelando sus tesoros. Primero pude consultar el acta de nacimiento y la partida de bautismo de Rosa Torre, luego, cuando se me proporcionó una copia de una entrevista que esta profesora dio a una periodista el año de 1954, todo marchó sobre ruedas.

    A tal punto llegó mi obsesión, que, tengo más de un testigo, tras de una jornada agotadora y luego de comer con mis compañeros Luz Martínez, Quetzalli Rebollo, Natalia Franco, Aníbal Pacheco y Daniel Estrada, los arrastré hasta la colonia Roma, en al menos tres ocasiones, con el deseo de hallar la casa en la que había habitado, en 1941, Rosa: para ser exactos, el 37-C de la Calle de Córdoba.

  Finalmente, hace cerca de un mes, con el acta de defunción de Torre hallada fortuitamente, tuve certeza de la fecha en la cual había pasado a la posteridad, el 13 de febrero de 1973. Al día siguiente, cancelé todo compromiso, y eso que tenía varios, me levanté muy temprano y desayuné con glotonería pues aquel día me había propuesto hallar, aunque tuviera que pasar toda la jornada en el cementerio, la tumba de la profesora Rosa Torre González.

RT

    Llegué al Panteón Jardín de la delegación Álvaro Obregón un día nublado. Pregunté en la administración, con el acta de defunción en mano, y ahí, con suma amabilidad, me indicaron el sitio en el cual se hallaba el lote que buscaba. Desafortunadamente me perdí y terminé en secciones insólitas de aquella necrópolis en la que duermen los restos de Pedro Infante y Jorge Negrete, entre muchas otras celebridades. Cada pregunta que hacía a los encargados me llevaba a un punto cardinal distinto y, agotado, decidí marchar nuevamente a la entrada del panteón. Compré claveles rojos, socialistas y encendidos, y un ramo de nubecillas, inocentes y delicadas. Volví a la oficina y rogué, ya hecho una sopa, que me guiaran a Rosa y, al ver mi estado lamentable, me llevaron en la parte trasera de una camioneta, sentado sobre restos de cemento, palas y picos.

    Me condujeron al destino final del personaje que hacía meses que me apasionaba y leí que en aquella tumba se hallaba también la madre de Rosa, Sofía Torre González. En cuanto a la primera mujer que ocupó una regiduría a lo largo y ancho de la República Mexicana, ni una lápida, ni un nombre, ni una pista visible se hallaba en aquel sitio para recordar su paso por este mundo. La habían enterrado en el anonimato.

     Conmovido de comprobar cómo la gloria humana es vana, limpié con mis propias manos el monumento, arranqué las cizañas y coloqué con respeto los claveles en la tumba de Rosa y Sofía. Tomé entonces una hoja amarilla, el único papel que tenía a la mano, y escribí un pensamiento efímero en loor de este par de mujeres que duermen eternamente juntas y cuya historia podría dar para una novela realista y, paradójicamente, repleta de tintes heroicos y trágicos. Una flor selló aquella nota y, con este simple gesto, la memoria de Rosa Torre González comenzó a ser reivindicada del olvido; con este gesto humilde, todos aquellos que la habíamos buscado desde hacía décadas y que colaboramos, desinteresadamente y sin saberlo, vimos cumplidos todos nuestros afanes.

RTG

Las Cartas y Memoriales de Francisco Palomino. Una perspectiva desde los derechos humanos

Las Cartas y Memoriales de Francisco Palomino.

Una perspectiva desde los derechos humanos.[1]

 

Jorge Fernández Mendiburu

Equipo Indignación, A. C.

 

Chablekal
Asamblea de la Unión de Pobladoras y Pobladores por la Tierra, Territorio y Recursos Naturales, en Chablekal

Antes de abordar algunas ideas específicas sobre el contenido del libro Cartas y memoriales de Francisco Palomino, defensor de indios de Yucatán, una voz crítica del sistema colonial (siglo XVI), editado por Caroline Cunill (Cecidhy/Segey/Siies, 2006), quisiera hacer una breve reflexión general sobre la importancia de materiales como el que hoy se presenta, desde la óptica de alguien que se ha dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos, y donde uno de los ejes principales de esta labor es el acompañamiento de aquellas comunidades y pueblos originarios que reivindican sus derechos culturales.

La defensa de los derechos humanos tiene, en la actualidad y desde mi perspectiva, un déficit muy importante que hace que el discurso carezca todavía de los alcances emancipatorios que se esperarían de la lucha por generar condiciones de igualdad y justicia para diversos sectores de la sociedad.

Ese déficit, en buena medida, lo atribuyo a la falta de conocimiento sobre las distintas luchas y los momentos históricos que nos permitan explicar cómo es que hemos logrado en la actualidad construir un marco normativo a nivel nacional e internacional que, cuando menos sobre el papel, establece una serie de derechos para las y los ciudadanos y obligaciones para los Estados nacionales, con el objeto de poner freno a las injusticias y generar mayores condiciones de igualdad. Y cuando me refiero a los momentos históricos no me remito a los que tradicionalmente se enseñan en el estudio de cualquier materia de derechos humanos, a saber la Carta de Juan sin Tierra en Inglaterra, la revolución francesa o la construcción del entramado de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial; sino que me enfoco en aquellos movimientos o batallas que colectivos, comunidades y personas han realizado a favor de la reivindicación de la dignidad humana, en contextos muchas veces complejos y que, en no pocas ocasiones, los llevan a jugarse la libertad e incluso la vida. Me refiero a esas luchas generalmente invisibilizadas o infravaloradas, pero que han jugado un papel trascendental al momento de denunciar y exigir condiciones de igualdad y dignidad para determinados colectivos y que, sin duda, son pilares básicos en la construcción de un nuevo discurso y un cada vez más amplio catálogo de derechos.

Me parece que cuando los estudiantes y/o abogados que se especializan en derechos humanos en la actualidad hacen referencia a algún tratado internacional o jurisprudencia de la Corte que protege, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios, poco tienen en mente la influencia que personajes como Fray Francisco de Vittoria, Fray Bartolomé de las Casas o Francisco Palomino tuvieron en su momento histórico en la defensa de derechos de estos pueblos, ni tampoco procesos de reivindicación y resistencia cultural como la guerra de castas o, más recientemente el levantamiento zapatista en Chiapas.

FBC
Fray Bartolomé de las Casas

Ese desconocimiento del sentido y del costo humano de las luchas, no ponerle cara y nombre a quienes han cuestionado las sistemáticas violaciones que se cometen contra colectivos o pueblos enteros, es una de las causas que priva, desde mi perspectiva, del elemento político y emancipatorio al discurso actual de derechos humanos, situándolo sólo en el campo de la batalla legal, como si los derechos ya existieran así, desde siempre.

El otro comentario general que quisiera de manera breve señalar en torno al libro que se presenta, tiene que ver con algo que estudiosos como Aníbal Quijano y Enrique Dussel, por mencionar algunos, han señalado en torno a cómo el proceso de colonización de la “Nueva España” fue, a su vez, el arranque formal, a nivel mundial, del sistema y modo de producción capitalista que, guardando las debidas proporciones, sigue asentado bajo los mismos pilares que Francisco Palomino expone en sus cartas de denuncia al referirse a la situación de explotación que vivían los mayas en la época colonial: esclavitud humana y explotación irracional de los recursos naturales.

Ese desconocimiento del sentido y del costo humano de las luchas, no ponerle cara y nombre a quienes han cuestionado las sistemáticas violaciones que se cometen contra colectivos o pueblos enteros, es una de las causas que priva, desde mi perspectiva, del elemento político y emancipatorio al discurso actual de derechos humanos, situándolo sólo en el campo de la batalla legal, como si los derechos ya existieran así, desde siempre

Cuando Palomino narra en distintos pasajes de sus cartas las brutales cargas laborales que tenían que soportar los mayas en aras de la ganancia de ciertos funcionarios coloniales, no puede uno dejar de pensar en las situación actual que viven, por ejemplo, muchos hombres y mujeres de comunidades indígenas que tienen que migrar para obtener trabajos generalmente mal pagados y en condiciones donde la seguridad social brilla por su ausencia. Otro elemento muy familiar es cómo este capitalismo colonial narrado por Palomino trae aparejado el tráfico de influencias, en dónde encomenderos, gobernadores y personal del clero tejen redes de complicidad para satisfacer intereses personales soportados bajo la explotación de los recursos naturales y humanos.

Como decía anteriormente, la historia sirve para mirarnos en el espejo de la actualidad. Y diversos pasajes citados por Palomino en épocas tan lejanas nos remiten, infortunadamente, a situaciones por demás actuales, en donde pareciera que el tiempo no ha transcurrido y en donde los encomenderos y gobernadores, hoy quizá con otros nombres, pero aparentemente bajo las mismas reglas e intereses, siguen, en aras del discurso de desarrollo, violando derechos básicos al pueblo maya.

Como eje central de sus cartas, Palomino denuncia la grave situación de esclavitud que viven los mayas, situados en las condiciones más miserables en cuanto a acceso a bienes y servicios. Los testimonios brindados por Palomino nos acercan a lo que podríamos definir casi como etnocidio, en donde a la explotación laboral, manifestada no sólo en las grandes distancias que los trabajadores debían que transitar para laborar, las extenuantes horas de fajina y la realización de los trabajos más pesados como el cultivo del añil o la explotación del palo de tinte, se agregaban los exorbitantes tributos que tenían que dar a cleros y encomenderos, situación que los sumían en la pobreza más extrema.

No son pocos los testimonios que Palomino aporta en sus denuncias, presentadas tanto al Rey como al Consejo de Indias, en donde narra la muerte de muchos trabajadores mayas por las deplorables condiciones laborales en las que se encontraban, aunado, sin lugar a dudas a su pésima condición socioeconómica. En 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emitió su Informe de Resultados de la Medición de la Pobreza 2014. En dicho documento determinó que la pobreza extrema había aumentado en la entidad y que los municipios más afectados eran Tahdziú, con el 91.5% de su población en pobreza, el 56.5% de ella en la condición de pobreza extrema; Chikindzonot, con el 90 y el 51.8%, respectivamente; Mayapán, con el 89.8 y el 44.7%; Chacsinkín, con 89.4 y 34-7%, y Chemax, con 89.1 y 50.4%, todos mayas, todos marginados.

Pareciera ser que las circunstancias económicas de la población maya no han variado demasiado. Tampoco creo que mucho las laborales. Basta referirse a las condiciones en las que, por ejemplo, trabajan hombres mayas en las empresas papayeras en el sur del estado, en donde sin la más mínima protección, conviven con agrotóxicos en largas horas de trabajo. Los agrotóxicos, dicho sea de paso, afectan principalmente a las comunidades mayas. El incremento de la agroindustria en diversas regiones de la península ha traído aparejada la pérdida de prácticas culturales trascendentales además de la contaminación y deforestación del territorio indígena. Algo parecido a lo que denunciaba Palomino al referirse al extenuante trabajo al que se sometía a los mayas que les impedía, por ejemplo, poder sembrar en la época de cosecha del maíz.

Y si a condiciones laborales nos referimos, es fundamental retomar la representación que Palomino hace del trato hacia las mujeres indígenas a quienes encomenderos, funcionarios y otras familias, obligaban a servir en sus casas, muchas veces apartándolas de su familia y de sus hijos. Las mujeres del servicio, denunciaba Palomino, eran prácticamente secuestradas y obligadas al trabajo doméstico, muchas veces como parte de la servidumbre, otras como nodrizas. No eran pocos los casos de mujeres mayas violadas (forzadas diría Palomino).

Dicha referencia también guarda un paralelismo con la actualidad. Toda familia yucateca que se precie de ser clasemediera cuenta con una “muchacha”, muchas veces adolescente, que realiza labores del servicio. La mano de obra es generalmente reclutada de alguna comunidad o pueblo del interior del estado. A 500 años de los hechos narrados por Palomino, la mujer maya sigue teniendo como único horizonte, a criterio de muchos, el ser servidumbre.

En el tema de justiciabilidad Palomino narraba, entre otras cosas, las nulas condiciones de acceso a la justicia que tenían los habitantes mayas en la colonia. En el documento número 2 del citado libro, denunciaba, no sólo la gran distancia que tenían que recorrer para acceder a las autoridades encargadas de dirimir conflictos, sino también el nulo interés de éstas cuando se exigía su intervención. Palomino denunciaba que los funcionarios en cita preferían dedicarse a jugar cartas y otros menesteres, antes que atender a los indígenas que llegaban pidiendo intervención.

No es lejana esta situación con lo que acontece hoy día cuando algún maya se sitúa frente a la jurisdicción estatal. Además del desmantelamiento de sus propias instituciones de resolución de conflictos, los mayas tienen que enfrentarse a un sistema que los discrimina y los excluye. El caso de don Ricardo Ucán, que tuvo que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener algo de justicia, nos recuerda que, con otras formas y argumentos, la justicia actual, la de Jueces y Magistrados, sigue violando derechos básicos como el de contar con intérprete traductor (hay uno para cada 11 mil indígenas en el estado) y asesoría legal adecuada. Casos como el de don Ricardo de multiplican en todas las cárceles de la entidad.

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Don Ricardo Ucán

Además del desmantelamiento de sus propias instituciones de resolución de conflictos, los mayas tienen que enfrentarse a un sistema que los discrimina y los excluye.

Francisco Palomino, en su trabajo de defensoría de indios, enfrentó diversas amenazas y encarcelamientos por parte de encomenderos y gobernadores, todos ellos afectados en sus intereses particulares. Exigir que se guardaran mínimas condiciones de dignidad y no explotación, denunciar los excesivos tributos que se pedían a los indígenas, fue motivo para que el aparato legal y político de aquel entonces intentará, a través de la difamación y la cárcel, obstaculizar esa labor de defensa. Así lo reseñan los documentos 3, 4 y 6 entre otros. Hace poco, el 3 de mayo de 2016, en Chablekal, un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos fue detenido y alguno de ellos golpeado por documentar el violento desalojo que la policía estatal realizó a un nonagenario en esa comisaría maya de Mérida y que movió a la resistencia a ese pueblo. Dos meses después, a otro integrante de ese equipo le poncharon las llantas en Halachó mientras hacía labor de documentación en un caso donde se denuncia despojo a ejidatarios de ese municipio. Eso si nos vamos a lo local, porque a nivel nacional o internacional, la agresión a quienes defienden el espacio territorial comunitario cuesta la vida. Los casos de Bety Cariño en México o Bertha Cáceres en Honduras son muestra de ello.

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Elementos de seguridad pública en Chablekal

Quisiera terminar con dos reflexiones finales:

La primera: Me parece que, si bien el libro que hoy se presenta exhibe la importante labor que Palomino tuvo como defensor indígena, y la documentación de graves violaciones a lo que hoy llamamos derechos humanos de comunidades y pueblos originarios, también lo es que siempre queda la duda sobre si el interés de Palomino por la defensa de los originarios era legítimo o, si tras la denuncia sistémica de estos actos, sin duda oprobiosos de encomenderos y mercaderes, subsistía algún otro interés que poco tenía que ver con la causa indígena. En ese sentido, uno de los aprendizajes más importantes en la defensa de los derechos humanos, al menos para quien suscribe, es que, si bien hay que ponerle nombre y rostro a quienes representan o encabezan acciones de denuncia o resistencia al actuar arbitrario del poder, también lo es que resulta peligroso idealizar. De mártires y héroes de barro está hecho el camino al infierno. Eso pasa por recordar también que la labor de los individuos en la defensa de los derechos humanos es fundamental, pero la de los colectivos es imprescindible.

La segunda es que, más allá del indudable valor histórico, cultural y antropológico que los documentos plasmados en el libro tienen, el acceder a su conocimiento nos permite hacernos cuando menos una pregunta trascendental. Sin dejar de admitir que existen avances notables en la afirmación de los derechos de los pueblos originarios, también es importante reconocer que muchas de las situaciones de discriminación y exclusión denunciadas en su momento por Palomino siguen intocadas. ¿A qué se debe entonces que a más de 500 años de la llegada de los españoles y del inicio del período llamado colonial persistan estas situaciones?. Sin duda es una cuestión que llama a la reflexión, no sólo para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, sino para toda aquella persona que considere odiosa la persistencia de exclusiones cimentadas en un racismo impropio para nuestra época, a la que muchos han denominado “ la era de los derechos”.

 

[1] Palabras pronunciadas en la presentación del libro realizada el 26 de julio de 2016 en Foro Amaro, Mérida, Yucatán.

LAS MENTIRAS SOBRE LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

LAS MENTIRAS SOBRE LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

Jesús Armando Rivas Lugo

Facebook: Armando Rivas Lugo
Twitter: @Trinkt

Dedicado a mis compañeras/o de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Oriente:
María Guadalupe Méndez Correa
Claudia Gómez García
Gianina Manzur Medina
Guillermo Ricalde Pérez

Hace unos días llegó a mi whatsapp un mensaje que estuvo dando vueltas en redes sociales y que reproduzco a continuación:

Sentencia del 9 de junio del 2016
ESTRASBURGO, FRANCIA. – Por unanimidad, el tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que “no existe el derecho al matrimonio homosexual”.
Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo (el tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo), han dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue y es sorprendentemente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia.

En efecto, por unanimidad, todos los 47 jueces, han aprobado la sentencia que establece textualmente que “no existe el derecho al matrimonio homosexual”. El dictamen fue fundado en un sinfín de considerandos filosóficos y antropológicos basado en el orden natural, el sentido común, informes científicos y por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de esto último fundamentalmente la sentencia se basó en el artículo No. 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los tratados sobre derechos humanos, tal el caso del 17 del Pacto de San José y al No. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la histórica y nada difundida resolución, también ha dicho el Tribunal que la noción de familia no sólo contempla “el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer” sino que no se debe imponer a los gobiernos la “obligación de abrir el matrimonio a las personas de mismo sexo”. En cuanto al principio de no discriminación, el Tribunal también añadió que no hay tal discriminación dado que “los Estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales””.

 

No sólo me causó asombro la cantidad de aseveraciones falsas sino que también me sorprendió la tergiversación de la información que los grupos antiderechos humanos están haciendo sobre las decisiones de las cortes internacionales. Vamos a verlas una por una:

“Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo (el tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo)…” ¡Mentira!
Para comenzar hay que mencionar que existen tres sistemas regionales de protección a los Derechos Humanos: uno africano, uno interamericano y el europeo. No hay absolutamente ningún fundamento que establezca cuál de estos tres tribunales es el más importante. Por otro lado Europa es un continente complejo en comparación con el continente americano. En Europa las tradiciones jurídicas son diferentes, coexisten países musulmanes, cristianos ortodoxos y protestantes en los que, desde luego, el asunto del matrimonio les causa conflicto y genera oposición.

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Este Tribunal en 1955 en el caso WB vs Alemania consideró que no era una violación a Derechos Humanos que la homosexualidad fuera un delito por cuestiones de moral y de salud pública. Obviamente, décadas después revirtió ese criterio y los casos posteriores sí establecieron que la criminalización de la homosexualidad era una intromisión a la vida privada y familiar de las personas. Este mismo Tribunal también consideró en el caso Salgueiro da Silva Mouta vs Portugal que retirar la custodia de un hijo en razón de la orientación sexual del padre y con el argumento que los niños y niñas deben vivir en una familia “tradicional” es un acto que carece de proporcionalidad y constituye discriminación.

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En el mensaje de whatsapp dice ““Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa…” ¡Mentira! No fueron 47 jueces sino 7 los que tomaron la decisión que, por cierto, es un asunto contra Francia. El caso se trata de dos hombres que se casaron en el año 2004 en una provincia. Las autoridades del lugar reconocieron su matrimonio pero en instancias superiores lo anularon, por lo que la pareja interpuso un recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos cuya sede es Estrasburgo, Francia. El Tribunal hace mención al final que desde el año 2013 está reconocido el matrimonio igualitario en el país.
¿Qué fue lo que dijo la Corte?
Bueno, en realidad nada nuevo. Ya en casos previos contra Austria, España, Polonia y Reino Unido había determinado que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una decisión de cada país y que cada estado puede interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que es conocido como el “margen de apreciación”. El margen de apreciación es la interpretación que es posible hacer sobre un determinado derecho o un determinado artículo de los instrumentos internacionales. Y así como unos lo interpretan de manera progresiva hay otros que lo interpretan de manera restrictiva.

Es importante mencionar que dicho Tribunal sí ha establecido que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección del estado y esta puede ser a través de diferentes figuras jurídicas. Esto lo reafirmó en la sentencia Vallianatos vs Grecia, en el que demandan a ese país por discriminar a varias parejas del mismo sexo.

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Es importante mencionar que dicho Tribunal sí ha establecido que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección del estado y esta puede ser a través de diferentes figuras jurídicas.

Ninguna parte de la sentencia se fundamentó en “un sinfín de considerandos filosóficos y antropológicos basado en el orden natural, el sentido común, informes científicos”, afirmar eso es ¡Mentira! Simplemente se basó en una interpretación jurídica de las obligaciones y alcances de cada estado. Incluso en el caso Vallianatos vs Grecia el Tribunal estableció que los estados deben tener en cuenta la evolución de la sociedad y los cambios en la percepción del estatus social y de las relaciones.
Es ¡Mentira! que el Tribunal haya dicho que ““la noción de familia sólo contempla “el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer””; es información poco precisa pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí considera como familia la unión de dos personas del mismo sexo, los casos Karner vs Austria y Schalk y Kopf vs Austria así lo demuestran. Otra ¡Mentira! es que la sentencia diga textualmente que “no existe el derecho al matrimonio homosexual”.
Ahora, para quienes vivimos en el continente americano la situación es diferente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala e hijas vs Chile determinó que no existe una noción de familia normal ni tradicional y que en ninguna parte de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece cómo tiene que ser un matrimonio y cómo tiene que ser una familia. Adicionalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que los tratados internacionales son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que hacerse de acuerdo al contexto cambiante de cada sociedad.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala e hijas vs Chile determinó que no existe una noción de familia normal ni tradicional y que en ninguna parte de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece cómo tiene que ser un matrimonio y cómo tiene que ser una familia.

 

Para finalizar el Sistema Interamericano resolvió hace unos meses un caso histórico al ser el primero sobre una pareja del mismo sexo. Y lo resolvió a favor de los demandantes. Se trata del caso Ángel Duque vs Colombia y en esta sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente que las parejas del mismo sexo tienen el derecho al reconocimiento y a la protección del estado, sin ningún tipo de discriminación.

Conclusión
Más allá de todo el debate jurídico y filosófico los Derechos Humanos tienen, entre otras características, un carácter progresivo que obliga a pensar más allá de la ley escrita y que implica ampliar el reconocimiento de derechos a sectores de la población históricamente discriminados. El problema es que los grupos que se oponen al reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, transgénero y transexuales están manipulando la información, presentando conclusiones imprecisas, inexactas y sin atender los otros casos sobre los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro en cuanto a la discriminación que viven las personas por su orientación sexual e identidad de género. Tratan de encontrar afirmación a sus ideologías a través de la mentira, el miedo y la desinformación. Eso, al igual que la sentencia de Estrasburgo, no es nada nuevo.
 

Reporte de observación de la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio)

Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 13 de julio de 2016

 

Reporte de observación de la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio)

 

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

 

  1. Antecedentes y breve descripción de los hechos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano[1] la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Después de dar a conocer dos reportes en los que se documentan un conjunto de incumplimientos a los principios de la consulta, hoy presentamos un tercer reporte sobre las sesiones de “Acuerdos Previos” realizadas en los municipios de Hopelchén y Tenabo, en el estado de Campeche.

Las sesiones tuvieron lugar en el Centro Cultural “Los Chenes”, en Hopelchén, el 30 de junio, y en las instalaciones del Auditorio Municipal “Jorge Carlos Hurtado Valdez”, en Tenabo, el 1 de julio de 2016. El objetivo de las sesiones fue, de acuerdo con las autoridades responsables del proceso de consulta, definir con los representantes de las comunidades indígenas cómo se va a hacer la consulta indígena en ambos municipios. Según lo observado por la Misión de Observación, el objetivo de las autoridades fue la entrega de la propuesta de “Programa de Trabajo”, antes llamado “Protocolo Específico de Consulta”, a las comunidades.

La sesión en Hopelchén estaba programada para iniciar a las 11:00 horas. Sin embargo, desde dos horas antes estaban presentes en la sede de la reunión alrededor de 100 menonitas, sin que nunca se hubiera comunicado de su presencia a las comunidades mayas por parte de las autoridades responsables de la consulta, así como otros productores mayas e inmigrantes de otros estados, de los municipios de Hopelchén y Campeche que están a favor de la siembra de soya genéticamente modificada (GM). Estos llenaron el auditorio, dejando sin espacio a los representantes de las comunidades que llegaron a la hora citada. Ante esta situación, los representantes de 29 comunidades mayas de Hopelchén, conglomerados afuera del auditorio y bajo el sol, expresaron a las autoridades responsables del proceso de consulta que no había las condiciones adecuadas para llevar a cabo la sesión, que no estaba garantizada su seguridad y que no entrarían a la sede para evitar conflictos, por lo que solicitaron que se les entregara el Programa de Trabajo para después retirarse.

Las autoridades responsables decidieron resolver la situación anterior realizando dos reuniones paralelas dividiendo la sesión en dos sedes: el auditorio y una teleaula del Centro Cultural. Al inicio de las reuniones, en la primera sede estuvieron representantes de 4 comunidades, aunque al final sólo se mantuvieron presentes dos, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, con las cuales se llegó a acuerdos.

Por su parte, en la segunda sede había al inicio representantes de 29 comunidades, cifra que subió a 31 al final de la reunión. Las reuniones se desarrollaron en ambientes y dinámicas diametralmente opuestos, de tal modo que en cada una se llegó a muy diferentes acuerdos.

Las autoridades responsables se distribuyeron de la siguiente forma: en el auditorio estuvieron presentes Marco Antonio Ramírez, Subdirector de Política y Normatividad Internacional de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); Brenda Ordaz, Subdirectora de Política y Normatividad Nacional de la CIBIOGEM; David Mendoza, Jefe de Departamento de la Dirección de Participación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Cruz Alberto Uc Hernández, Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Campeche; José España, Presidente Municipal de Hopelchén; y Carlos Pimentel, Visitador Adjunto adscrito a la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En la teleaula estuvieron presentes Sol Ortiz García, Secretaria Ejecutiva de la CIBIOGEM y Pedro Armentía, Delegado Federal de la CDI en Campeche (aunque este último iba y venía de una reunión a otra, permaneció más tiempo en la segunda).

En la primera sede el ambiente fue tenso; los representantes de Vicente Guerrero Iturbide hacían constantes descalificaciones a las comunidades presentes en la otra sede y cuestionaban la legitimidad de la reunión paralela. Con sus declaraciones sobre los quejosos, como el hecho de responsabilizar a unas pocas personas por la suspensión de la siembra de soya GM, el delegado de la SAGARPA también contribuía al ambiente de tensión, conflicto y desinformación. Un representante de Vicente Guerrero Iturbide declaró que en su comunidad siembran soya GM. La principal exigencia de los representantes de dicha comunidad era que las autoridades responsables firmaran un acta en el que autorizan la siembra de soya GM. Las autoridades expusieron la propuesta del Programa de Trabajo, la cual fue aprobada por los representantes de las dos comunidades presentes. Se acordó que la fase “Informativa” iniciaría el 9 de julio en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, y el 10 de julio en la comunidad de Chencoh. En esta reunión intervinieron asistentes que no son representantes ni originarios de las comunidades consultadas, como un agricultor de un ejido de Campeche, quien tomó la voz en diversas ocasiones. Asimismo, los representantes de Vicente Guerrero Iturbide acordaron tener una reunión con el delegado de SAGARPA en la ciudad de Campeche al día siguiente. Cabe señalar que en el acta circunstanciada de esta reunión no se hacer referencia a la presencia de menonitas y personas de comunidades de Campeche y se decidió suprimir la comparecencia en la misma de la Dra. Ortiz y su referencia a la presencia en la otra sala de 29 comunidades representadas en ese momento.

Por otra parte, en la segunda sede los representantes cuestionaron la capacidad de las autoridades para garantizar las condiciones adecuadas, de seguridad y orden para llevar a buen término la sesión. Expresaron que sólo aceptarían la entrega de la propuesta de Programa de Trabajo, que no lo aceptarían ahora, sino que la llevarían a las comunidades. También pidieron que se elaborase un video en el que se explicara en lengua maya el contenido de la propuesta de Programa de Trabajo. Ante las declaraciones del representante de Vicente Guerrero Iturbide de que en su comunidad están sembrando soya GM, exigieron al SENASICA y la SAGARPA que se garantice que no se va a sembrar dicho cultivo mientras se realice la consulta. En el acta quedó asentado el compromiso de SENASICA y de CIBIOGEM de investigar al respecto de la siembra de soya GM en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide. Se acordó que la próxima sesión de Acuerdos Previos sería el 15 de octubre.

En ambas sedes había inquietudes de lo que sucedía en la otra reunión y se cuestionaba la legitimidad de la otra sesión.

En particular queremos resaltar la situación de una de las comunidades de Hopelchén: Vicente Guerrero Iturbide, la cual tiene una situación de representación diferente a la de otras comunidades. Un sector de la comunidad fue el que asistió a la reunión del 30 de junio a Hopelchén. Otro sector de la comunidad son los ejidatarios, mismos que si bien no asistieron a la reunión de la consulta del 30, sostuvieron una asamblea ejidal el 5 de julio en su comunidad. El comisario ejidal declaró el 5 de julio a los medios de comunicación que habían resuelto en asamblea que como ejido no estaban de acuerdo con la siembra de soya GM y que dentro de su ejido no se sembraría.[2] Esta es la primera comunidad en toda la zona de consulta que enfrenta una división interna muy marcada, en la que ambos grupos hacen declaraciones antagónicas. Esta Misión de Observación expresa una gran preocupación por el potencial conflicto que pueda darse en esta comunidad en caso de que el proceso de consulta continúe al ritmo rápido que una de las dos partes ha acordado llevar con las autoridades. Conflicto que puede ser interno, pero también, como ya se vio el 30 de junio, con el resto de las comunidades de ese municipio. Más adelante expondremos lo que observamos sobre el papel de las autoridades frente a esta situación de conflicto.

En la reunión de Tenabo estuvieron presentes representantes de las comunidades de Emiliano Zapata, Tenabo, Xkuncheil, Kankí y Tinum. El Lic. Orvelín Montiel, asesor de las comunidades, leyó una carta de éstas en la que se expresa que, ante los sucesos del día anterior en Hopelchén y de la reunión celebrada entre productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide y de cuatro campos menonitas y la SAGARPA ese mismo día en la delegación de dicha instancia en Campeche, los representantes de las comunidades sólo recibirían el Programa de Trabajo, se lo llevarían a sus comunidades para analizarlo y continuarían el proceso de consulta hasta el 15 de octubre. Otra de las asesoras de las comunidades indígenas señaló que la decisión de las comunidades se basa en que consideran que no se está cumpliendo el principio de buena fe ni la neutralidad del proceso de consulta por parte de las autoridades responsables.

 

 

 

  1. Violaciones a los principios del derecho a la consulta
  2. Ausencia de “Buena fe” y consulta libre

La Misión de Observación documentó que en la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos” no se cumplió con el principio de “Buena fe”. De acuerdo con la SCJN, “la consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de sus agentes —o particulares que actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, deben llevarse a cabo fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada, por lo que el proceso requiere el establecimiento de un clima de confianza mutua entre las partes”. Este principio no se cumplió por varias razones.

 

1.1. En primer lugar, por la alta presencia de personas externas a las comunidades en la sesión de Hopelchén. La sede de la reunión del 30 de junio celebrada en dicho municipio estaba básicamente ocupada por menonitas (alrededor de 100; ver imágenes 1 y 2), muchos de ellos provenientes de campos que no se encuentran localizados en el municipio de Hopelchén. Esta situación fue completamente permitida por las autoridades responsables de la consulta, por varias horas, a pesar de que representantes de las comunidades indígenas a ser consultadas manifestaron que, por la alta presencia de menonitas, no había las condiciones necesarias para llevar a buen término la sesión.

Además de los menonitas, también estuvieron presentes asistentes de comunidades mayas y mestizas de otros municipios, como Carlos Cano Cruz de Campeche, que estuvieron interviniendo constantemente en la sesión de Hopelchén con el fin de generar división entre las comunidades.

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Imagen 1. Fotografía tomada por integrantes de la Misión de Observación.

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Imagen 2. Fotografía tomada por integrantes de la Misión de Observación.

 

1.2. Del mismo modo, los constantes insultos y descalificaciones de los representantes de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide hacia los representantes de las otras comunidades de Hopelchén fueron completamente permitidos por las autoridades responsables de la consulta y generaron un ambiente hostil. La Misión de Observación registró insultos y descalificaciones hacia los representantes de las comunidades presentes en la otra sede como: “no siembran porque no tienen tierra”, “no saben qué quieren”, son unos “manipulados”, “vividores”, “flojos”, “caprichosos”, “pendejos” (“no me importa lo que hagan esos pendejos que están allí”).

La actitud hostil de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide no fue sólo hacia los representantes de las demás comunidades. Las descalificaciones también estuvieron dirigidas hacia las autoridades responsables y, al menos en dos ocasiones, los representantes de dicha comunidad amenazaron a todos los asistentes con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en el que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más, las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas.

La pasividad de las autoridades responsables duró varias horas, por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del Delegado de la SAGARPA en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de 6 comunidades. Claramente la actuación de las autoridades federales y, en forma marcada, de la SAGARPA, incrementaron en lugar de aminorar el ambiente de hostilidad y potencial violencia, violando con ello el principio de “Buena Fe”. Cabe mencionar que esta actitud y declaraciones de parte de las autoridades agropecuarias no fueron aisladas, ni producto de la complejidad del ambiente de la reunión del día 30, ya que fueron reiteradas ante medios de comunicación varias veces al día siguiente, 1 de julio, en las instalaciones de la Delegación de SAGARPA en la ciudad de Campeche.

 

1.3. La decisión de las autoridades responsables de la consulta de llevar a cabo la sesión de Hopelchén en dos sedes distintas representa un incumplimiento del requisito de establecer un clima de confianza mutua entre las partes, ya que los representantes de las comunidades de ambas sedes expresaban constantemente sus inquietudes sobre lo que sucedía en la otra sede y cuestionaban la legitimidad de lo que se acordaba en la otra sede respectivamente.

Los hechos ocurridos en la sesión de Hopelchén, así como la reunión entre los productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide con el delegado de la SAGARPA el 1 de julio en Campeche, contribuyeron a su vez a generar un clima de desconfianza en la sesión de Tenabo. Esta desconfianza fue expresada por los representantes de las comunidades de Tenabo en la carta leída por su asesor legal durante la reunión.

 

1.4. Ante las condiciones de intimidación, hostilidad y de falta de confianza mutua entre las partes, la segunda sesión de “Acuerdos Previos” no cumplió con el principio de “Buena fe”, exigido por la resolución de la SCJN y la Recomendación de la CNDH. Estos hechos también incumplen con el principio de consulta “libre”, reconocido en diversos estándares internacionales.[3] Una muestra de ello es que, en la sesión en Hopelchén, el representante de la comunidad de Xmejía tuvo que expresar en voz baja a las autoridades que en su comunidad no están de acuerdo con la soya GM y, al hacerlo, abandonó de inmediato la sede en la que estaban presentes los menonitas y los representantes de Vicente Guerrero Iturbide que insultaban y descalificaban a las demás comunidades.

El principio de consulta libre, que implica que las autoridades no ejerzan ningún tipo de presión sobre las comunidades, también fue incumplido cuando las autoridades responsables del proceso de consulta insistieron en que se llevaran a cabo las sesiones de Hopelchén a pesar de que los representantes de las comunidades indígenas expresaron su opinión de que no había las condiciones necesarias para realizar las reuniones.

 

1.5. Un hecho que generó la atención y alerta de varios de las y los participantes en la sesión del 30 de junio en Hopelchén, fue que varios de los participantes en la primera sesión que llegaron muy temprano y ocuparon la sala de sesiones se transportaron en camionetas de las empresas distribuidoras de semillas y plaguicidas, dejando sus vehículos fuera de la reunión, como consta en diversas fotografías (ver imagen 3). Tanto en el caso de que técnicos de dichas empresas, o solo productores de soya, hayan recibido este apoyo de transporte para participar en la sesión, muestra que hay un nivel de intromisión de empresas privadas en esta Consulta. Vemos con preocupación que por estar vinculado a la hora de llegada (casi dos horas antes de la cita), por haberlo hecho en forma coordinada más de 100 personas al mismo tiempo, por ocupar el salón completo sin dejar espacio para las comunidades indígenas consultadas, por sus propias declaraciones e improperios lanzados en contra de éstas, algunos como ya se dijo ofensivos y discriminatorios, se trató de una acción concertada en la que una o más empresas privadas, sin duda ligadas a Monsanto dados los logotipos de las camionetas, participaron. Siendo Monsanto el actor privado que dio origen a la solicitud de permiso de siembra de soya GM, y siendo las empresas distribuidoras de semillas y agroquímicos de esa zona las que obviamente se beneficiarían también con la venta de insumos agrícolas, existe un innegable interés económico en el sentido positivo o negativo de la resolución de la consulta. Por lo tanto, la participación directa o indirecta de estas empresas privadas también afecta los principios de “Buena Fe” y “Consulta Libre” de esta consulta, siendo más graves aún por el hecho de que las autoridades responsables no hayan hecho ni declarado nada al respecto.

 

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Imagen 3. Camioneta de Dekalb estacionada afuera del Centro Cultural “Los Chenes” en Hopelchén.

 

1.6. Por último, resulta grave el hecho de que las autoridades responsables del proceso de consulta no garantizaran las condiciones mínimas de seguridad para que se llevara a buen término las reuniones de la consulta. En este sentido, cabe destacar la falta de cumplimiento de la labor de Carlos Pimentel, visitador de la CNDH como garante del proceso de consulta.

 

  1. Falta de una consulta “Culturalmente adecuada”

De acuerdo con la SCJN, la consulta debe ser “culturalmente adecuada”, esto es, que la consulta a las comunidades indígenas “debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Los miembros de las comunidades “tienen plena libertad de elegir las formas de decisión interna, así como a las personas, grupos o instituciones que habrán de representarlos durante el proceso de la consulta”.

 

2.1. Sin previo aviso las autoridades responsables permitieron en la reunión de consulta la participación de un grupo numeroso de menonitas siendo que la consulta mandatada por la SCJN y la Recomendación de la CNDH es expresamente a las comunidades mayas a través de sus instancias representativas.

 

2.2. Las autoridades responsables de la consulta no respetaron la propuesta de representantes de la mayoría de las comunidades sobre el método de toma de decisiones en estas sesiones, ya que las primeras insistieron que no había las condiciones necesarias para realizar la reunión y esta voluntad mayoritaria no fue respetada.

 

2.3. Tampoco se respetó la decisión del grupo mayoritario de comunidades en cuanto a que el proceso de consulta es con todas las comunidades de Hopelchén y no separándolas.

 

  1. Vulneración de la suspensión judicial y del carácter “Previo” de la consulta

3.1. Uno de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide declaró que hay gente de su comunidad que ya sembró soya GM, y que quieren proteger a los que ya sembraron. Otro representante de la misma comunidad agregó que “hay muchos compañeros que ya sembraron”. Estos representantes también señalaron que tienen semillas de soya GM guardadas. Esto es una violación de la resolución de la SCJN, según la cual el permiso de siembra comercial de soya GM está suspendido hasta en tanto se realice la consulta indígena.

Además, esto afecta, una vez más, el carácter previo de la consulta también ordenado por la SCJN, ya que se estaría sembrando sin haber culminado el proceso de consulta y sin que las comunidades hayan emitido su decisión final.

Las autoridades reaccionaron a estas declaraciones ofreciendo explicaciones pero también asesoría a los productores de soya para que inicien un proceso legal que les permita sembrar soya GM, lo cual es grave siendo las mismas autoridades convocantes de la consulta. Estas declaraciones se hicieron tanto en la reunión de la consulta, en la primera sala en la que se encontraban los productores de soya, como también al día siguiente, 1 de julio, en la junta con productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide y de campos menonitas en las oficinas de la Delegación de la SAGARPA. Esta es tal vez una de las violaciones más delicadas a los principios de la consulta, no solo el de consulta previa, ya que según pudimos observar que estas acciones lograron: a) dar alivio a los productores de soya, luego de que declararon que habían expresamente violado la ley sembrando soya GM en esta temporada; 2) dar respaldo moral para continuar haciéndolo; y 3) restar confianza de las comunidades mayas participantes en la consulta de que, si no se cumple la resolución de la SCJN de dejar sin efectos el permiso de siembra de soya GM, ¿Se cumplirá cualquier otro acuerdo al que se llegue con las autoridades de México?

Ante el anuncio de varios productores de soya de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide de que habían sembrado soya GM, la autoridad ejidal de dicha comunidad convocó a asamblea y al día siguiente declaró a los medios que en su comunidad se respetaría la sentencia y no se sembraría soya GM. También se deslindó de la actuación de los integrantes de su comunidad que hicieron dichas declaraciones.

 

  1. Violación al principio de consulta “Informada”

En la sesión de Hopelchén, las autoridades presentes proporcionaron información incorrecta sobre lo que es la consulta. Durante su intervención en la sesión, el delegado de la SAGARPA se refirió todo el tiempo a la consulta como “consulta informada”, explicando que el proceso es para informar a las comunidades. Sin embargo, el carácter de “informado” es sólo uno de los estándares del derecho a la consulta, la cual no se reduce a una mera entrega de información. La sentencia de la SCJN y la recomendación de la CNDH incluyen otros estándares no mencionados por el delegado de la SAGARPA, como el carácter previo, de buena fe y culturalmente adecuado de la consulta.

Del mismo modo, el presidente municipal de Hopelchén se refirió a la consulta como una “encuesta”, cuando la consulta indígena es un proceso mucho más amplio de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Cabe destacar que la consulta están participando autoridades, como el Presidente Municipal de Hopelchén, que no son las responsables del proceso.

Dados los acuerdos tomados el día 30 de junio entre las autoridades y representantes de dos comunidades mayas, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, de iniciar la etapa informativa los próximos días 9 y 10 de julio respectivamente, esta Misión de Observación dará especial seguimiento a la observancia del principio de “consulta informada” por ahora en esas dos comunidades.

 

  1. Falta de un presupuesto adecuado para la consulta

Las autoridades responsables de la consulta cubrieron parcialmente los gastos realizados por los representantes de las comunidades en la sesión de Hopelchén. Al final de la reunión, las autoridades entregaron $750.00 en efectivo a cada comunidad (Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh). En entrevista que integrantes de la Misión de Observación hicieron a los representantes de las dos comunidades, éstos señalaron que la cantidad no era suficiente para cubrir el gasto que habían hecho para poder asistir.

Asimismo, en la sesión de Hopelchén la comida que las autoridades responsables ofrecieron no fue suficiente para todos los asistentes. Algunos asistentes nos informaron que tampoco les ofrecieron agua para beber.

 

Conclusión: Los hechos acontecidos particularmente en la reunión con las comunidades de Hopelchén violan flagrantemente los principios de la consulta señalados en la sentencia de la SCJN y en la recomendación de la CNDH.

 

III. Recomendaciones a las autoridades responsables y garantes de la consulta

 

Para cumplir con el principio de buena fe y consulta libre:

  1. Que garanticen las condiciones necesarias de seguridad, respeto, confianza mutua, libres de hostilidades, para que puedan llevarse a cabo las sesiones de consulta de forma libre e informada. Del mismo modo, que aseguren que todos los representantes de las comunidades consultadas puedan acceder libremente, garantizando todo el tiempo su seguridad e integridad.

 

  1. Que cumplan con su labor en el proceso de consulta con neutralidad e imparcialidad. Particularmente, que no presionen a las comunidades para realizar sesiones cuando no hay condiciones; que no realicen declaraciones que puedan generar división entre las comunidades; que el visitador de la CNDH cumpla con su función de garante del proceso de consulta y con lo establecido por la Recomendación de la propia CNDH.

 

Para una consulta culturalmente adecuada:

  1. Que respeten en todo momento los usos y costumbres y la forma de tomar decisiones de las comunidades indígenas consultadas.

 

  1. Que no permitan la participación en la consulta de otros grupos que no sean los representativos de las comunidades mayas sin previo aviso y sin su consentimiento. La obligación de consultar es al pueblo indígena maya, no a ningún tercero.

 

Para una consulta informada:

  1. Que brinden información precisa a las comunidades mayas sobre el derecho a la consulta como un proceso de diálogo de buena fe, encaminado a buscar el consentimiento de las comunidades, y rectifiquen su declaración de considerarlo como una especie de “encuesta” o reunión de “información”.

 

Para cumplir con la suspensión ordenada por la SCJN:

  1. Que las autoridades responsables atiendan las declaraciones de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide sobre la siembra de soya GM en dicha comunidad; que SENASICA realice las inspecciones y, en su caso, la destrucción de dichos sembrados; que las demás autoridades coadyuven a que esto se haga lo más pronto posible y cuidando el respeto a los derechos de todas las partes; y, finalmente, que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo que sea necesario para cumplir con las medidas de bioseguridad marcadas por la ley y también cumplir con la resolución de la SCJN.

 

Para garantizar un presupuesto adecuado:

  1. Que las autoridades responsables cubran cabalmente todos los gastos de traslados, alimentación y hospedaje de los consultados.

 

Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa, fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y la lectura de las actas circunstanciada de las sesiones de la consulta por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

[2] “Dicen no a transgénicos”. Tribuna, 5 de julio de 2016. URL:

<http://tribunacampeche.com/municipios/2016/07/05/dicen-no-transgenicos/&gt;.

[3] Como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Descarga el reporte aquí..

Reporte de las reuniones con comunidades de Hopelchén y Tenabo en la Fase de “Acuerdos Previos” (17 y 19 de mayo)

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Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 7 de junio de 2016

 

Reporte de las reuniones con comunidades de Hopelchén y Tenabo

en la Fase de “Acuerdos Previos” (17 y 19 de mayo)

 

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

 

 

  1. Antecedentes y breve descripción de los hechos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano[1] la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Después de señalar recientemente un conjunto de violaciones que se dieron durante el arranque de la consulta y emitir una serie de recomendaciones a las autoridades responsables del proceso,[2] hoy damos a conocer un segundo reporte en relación a las visitas realizadas en comunidades de Hopelchén y Tenabo por parte de CDI, CIBIOGEM Y SENASICA, que tienen lugar en la fase de “Acuerdos Previos”.

El pasado 17 de mayo la CDI dio a conocer a la Misión de Observación la programación de estas visitas que tenían como propósito hacer entrega de la “Carpeta Básica de Información”, con base en lo acordado en las sesiones previas del 14 y 15 de abril. Las visitas se llevaron a cabo del lunes 16 al jueves 19 de mayo. De acuerdo al programa de la CDI fueron visitadas 41 comunidades.

La Misión tuvo presencia en las reuniones que tuvieron lugar en las comunidades de Chunyaxnic, Xculoc y Bolonchén, del municipio de Hopelchén, el 17 de mayo; y de Ixkuncheil, Tinum y Tenabo, del municipio de Tenabo, el 19 de mayo. En dichas sesiones asistieron: Lic. Pedro Armentía, delegado de la CDI en Campeche; Lic. Marco Antonio Ramírez e Ing. Brenda Ordaz de la CIBIOGEM; una funcionaria que portaba un gafete de SENASICA, y el traductor-intérprete Liborio Chí. En las sesiones en Hopelchén estuvo presente el coordinador del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de la CDI en dicho municipio, David Chay.

Reconocemos que en estas visitas las autoridades responsables hicieron un mayor esfuerzo que en las sesiones anteriores por apegarse a varios de los principios internacionales del derecho a la consulta, y que en algunos casos la junta se llevó a cabo en un buen ambiente (por ejemplo, en la comunidad de Tenabo). Sin embargo, también fueron detectadas algunas vulneraciones al derecho a la consulta, que se detallan a continuación con el afán de cumplir con el objetivo de esta Misión de Observación de velar por el cumplimiento de los derechos y estándares internacionales reconocidos por la SCJN durante el presente proceso de Consulta Indígena.

 

III. Apego a los principios del derecho a la consulta

  1. Falta de procedimiento apropiado y de buena fe

1.1. Incumplimiento de las fases del proceso

Las visitas tuvieron lugar en la fase de “Acuerdos previos”, la cual, según el Protocolo presentado por las autoridades responsables, tiene como objetivo definir los mecanismos a utilizar por las autoridades competentes para la implementación de la consulta, acreditar a las instituciones representativas de las comunidades y definir los mecanismos de participación.

Sin embargo, lo que se entregó a las comunidades fue una carpeta básica de información titulada “Ts’íibaano’o tía le masewal kaoob tu lumi Hopelch’en yok’ool le soya k’eexbilo’obo’”/“Información para pueblos y comunidades indígenas sobre la soya tolerante al herbicida”, que incluye información principalmente sobre la soya genéticamente modificada (6 páginas) y un pequeño resumen sobre el derecho a la consulta (4 páginas).

La Misión pudo observar también en las visitas presenciadas que en la exposición de las autoridades (por ejemplo el caso del Lic. Marco Antonio Ramírez de CIBIOGEM en las comunidades de Bolonchén de Rejón y Xculoc, municipio de Hopelchén), éstas dedicaron más tiempo a dar información sobre la soya genéticamente modificada que sobre la consulta.

De acuerdo con los estándares internacionales y con el propio Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, editado por la CDI, toda la información relacionada con los impactos de este tipo de soya debería tener lugar en la fase “Informativa” y no en la de “Acuerdos Previos”. Esto es una violación del procedimiento de consulta y de sus etapas, pues se han adelantado tareas y temas de una fase siguiente. El propio delegado de la CDI en Campeche, al comunicar a la Misión de Observación sobre esta gira de visitas en reunión el 11 de mayo pasado, aclaró que dichas visitas tenían como objetivo explicar qué es la consulta y no proporcionar información sobre la soya.

 

1.2 Ausencia de representantes comunitarios para la Consulta y de participación amplia e incluyente

La Misión constató que no todas las comunidades visitadas cuentan aún con representantes para participar en el proceso de la consulta. Éste es el caso de Chunyaxnic, en donde asistieron a la sesión alrededor de dieciocho ejidatarios y/o pobladores. En esta localidad el funcionario de CIBIOGEM pidió al Comisario Municipal que cuando la comunidad designe sus representantes para la consulta le entregue a éstas la “carpeta básica”. Lo anterior es muestra de que las autoridades y las propias comunidades no consideran que deba ser la autoridad agraria la representativa de los pueblos dentro de la consulta y que debe encontrarse otra forma de representación.

Por otra parte, cabe destacar que, salvo en la comunidad de Ixkuncheil, las instancias responsables de la Consulta no lograron distribuir esta información a proporciones razonablemente altas de la población, y mucho menos garantizaron una participación inclusiva de la comunidad, incluyendo a las mujeres. La asistencia fue en general muy baja en todas las reuniones observadas por esta Misión; en ocasiones sólo estuvo presente el Comisario Municipal (Xculoc, Hopelchén), o los Representantes comunitarios para la consulta (Bolonchén, Hopelchén). En otras, como en Tenabo, la participación fue mayor, aunque no mayoritaria ni incluyente.

 

  1. Falta de una consulta culturalmente adecuada e informada:

2.1. Falta de respeto a los tiempos de las comunidades

De acuerdo con testimonios de miembros de las comunidades citadas para el primer día de actividades, éstas fueron convocadas a las reuniones apenas la noche anterior al evento. Del mismo modo, la Misión de Observación tuvo conocimiento sobre la falta de puntualidad de las autoridades responsables a las reuniones acordadas el lunes 16 de mayo en Hopelchén. Por ejemplo, la reunión de Xcalot-Akal, Hopelchén, que debió iniciar a las 9:00 horas, se atrasó 6 horas, dando inicio hasta las 15:00 horas, cuando llegaron las autoridades responsables[3]; y la reunión en Ich-Ek, Hopelchén, no tuvo lugar porque estaba programada a las 15:00 horas y las autoridades gubernamentales llegaron después de las 20:00 horas. Esto se repitió en muchas de las citas el martes 17, miércoles 18 y jueves 19.

La Misión también tuvo conocimiento, a través del comisario de una comunidad del municipio de Hopelchén, que, a pesar de la falta de puntualidad de dichas autoridades, éstas realizaron llamadas a diferentes comunidades en la noche del mismo lunes para, en sus palabras, “exigirles” puntualidad en la sesiones del día siguiente.[4]

La forma en que fueron programadas las visitas incumple con el principio de pertinencia cultural de la consulta, ya que los horarios no fueron acordados con las comunidades, además de que afectan la jornada laboral de las/os habitantes. Estos hechos provocaron malestar en las comunidades que, desde la asamblea del 14 de abril en Hopelchén, Campeche, habían solicitado ser avisadas varios días antes de una visita o asamblea, de modo que se respeten sus costumbres de convocar con suficiente anticipación y los horarios de trabajo de las y los habitantes.

Por otra parte, de acuerdo con la programación de la CDI, cada reunión tendría una duración estimada de 30 minutos. A pesar de ser corto este lapso de tiempo, la Misión documentó que, en algunas de las visitas, las reuniones duraron incluso menos. En primer lugar, esta definición de los tiempos se hizo de modo unilateral por las dependencias responsables, sin tomar en cuenta los tiempos de cada comunidad. Asimismo, resulta arbitrario que se haya determinado que cada reunión duraría 30 minutos, cuando a todas luces es un tiempo insuficiente para explicar claramente y con pertinencia cultural —incluyendo la posible traducción e interpretación— qué es una consulta indígena, en qué consiste el derecho a la consulta y cómo debe llevarse a cabo este proceso, lo cual era el objetivo de común acuerdo fijado para dichas visitas.

 

2.2 Ausencia de traducción e interpretación adecuada.

En todas las sesiones observadas las autoridades responsables cumplieron con el estándar internacional de acompañarse de un traductor-intérprete y preguntaron a los asistentes si necesitaban traducción e interpretación. La respuesta en todos los casos observados fue que no lo necesitaban. No obstante, la Misión de Observación documentó, a partir de preguntas a los asistentes, que éstos no comprendieron del todo la información proporcionada.

Por otra parte, si bien la carpeta básica de información está redactada tanto en maya como en español, muchos mayahablantes no leen en lengua maya, por lo que es importante que la información entregada pueda explicárseles a las comunidades a través de medios didácticos, incluyendo medios audiovisuales. Uno de los representantes comunitarios explicó que muchas personas de las comunidades entienden parcialmente el español y se expresan aún peor en esta lengua, pero han sido estigmatizados por expresarlo por décadas, de manera que prefieren no solicitar el servicio de interpretación o traducción.

Del mismo modo, diversos estudios antropológicos y sociolingüísticos[5] sobre la lengua maya en la Península de Yucatán reconocen la existencia de esta situación de asimetría entre la lengua maya y el español, en la que muchos mayahablantes, por la discriminación histórica que han sufrido por hablar su lengua, prefieren emplear el español en su interacción con individuos de fuera de la comunidad y de mayor jerarquía —como en el caso de los servidores públicos—, aunque no dominen del todo esta lengua.

El derecho a la consulta busca entre sus fines esenciales reducir esta discriminación que han padecido los pueblos a lo largo de los siglos por parte de las sociedades y Estados nacionales. De ahí que los gobiernos deban procurar una aproximación distinta y un diálogo de nuevo tipo con las comunidades, que sea de buena fe, efectivo y en condiciones de igualdad. En este sentido, realizar de entrada los procesos de consulta en el idioma del pueblo consultado es fundamental para cumplir con sus principios generales; tampoco debe subestimarse la función que la interpretación y la traducción cumplen.

El empleo de la lengua en el marco de la consulta es un derecho de los pueblos y una obligación del Estado garantizarla, por lo que las autoridades responsables deberían asegurar el uso de la lengua maya en todas las fases del proceso, sin someter este derecho de las comunidades a preguntas en público, que al final les empujen a tener que comprender y expresarse en español, quedando en desventaja no sólo por el menor manejo de este idioma, sino también por la dificultad de temas poco conocidos, como el de la consulta indígena o el del cultivo de la soya genéticamente modificada y sus impactos. El uso de la lengua originaria de las comunidades consultadas no es sólo un trámite o un asunto procedimental, sino que es parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, en sociedades como la maya peninsular, un medio para poder cumplir los demás principios y estándares internacionales de la Consulta Indígena. Estas observaciones y recomendaciones encuentran respaldo en los artículos 7 (incisos a y b) y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

 

  1. Conclusiones

Los hechos anteriormente documentados, si bien representan una mejora con respecto a las primeras asambleas de la etapa previa de esta Consulta, incluyen varias violaciones graves a los principios fundamentales del derecho a la consulta. En particular, resulta preocupante la tergiversación de los procedimientos apropiados y del principio de buena fe al mezclar acciones de diversas etapas de la Consulta, así como del principio de una consulta culturalmente adecuada debido a los fallos en la anticipación de la convocatoria, respeto a los tiempos de las comunidades, derecho a la información y diálogo en la propia lengua, entre otras. En este sentido, la Misión de Observación vuelve a manifestar que la CDI, la CIBIOGEM y el SENASICA no están actuando con apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y al mandato que le exige la sentencia de la SCJN y la Recomendación de la CNDH (23/2015); del mismo modo, la Misión de Observación reitera que SENASICA, en tanto parte demandada, no debe participar en el proceso de consulta.

Con miras a que el actuar de las autoridades responsables se corrija y el proceso cumpla de forma plena con el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH, así como con los más altos estándares internacionales, asegurando un acceso efectivo a la justicia de las comunidades mayas, la Misión de Observación exhorta de nuevo a las autoridades responsables a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

 

  1. Recomendaciones

V.1. Para el cumplimiento de una consulta con procedimientos apropiados y de buena fe:

  1. Que las autoridades se ajusten a lo previsto en la fase de “Acuerdos Previos” y se circunscriban a compartir información y dialogar sobre el derecho a la consulta y la propia Consulta actual, la metodología propuesta en el Protocolo (cuando éste sea entregado a todas las comunidades) y la identificación del sujeto de consulta. En consecuencia, toda la información relativa a la soya genéticamente modificada deber ser proporcionada por la autoridad responsable en la fase “Informativa” y no en la de “Acuerdos Previos”.

 

  1. Que respeten la designación de autoridades representativas por parte de las comunidades y promuevan una participación amplia e incluyente.

 

V.2. Para el cumplimiento de una consulta culturalmente adecuada e informada:

  1. Que las convocatorias a las reuniones de la consulta se decidan previamente con las comunidades y se comuniquen con suficiente anticipación con el fin de que no interfieran con los quehaceres comunitarios. Asimismo, las autoridades responsables deben cumplir con puntualidad con el cronograma acordado y no ocasionar largos tiempos de espera a las comunidades.

 

  1. Que durante las reuniones acordadas se desarrollen los temas previstos para la etapa de “Acuerdos Previos” con suficiente amplitud y respetando los tiempos de las comunidades. Por lo tanto deben abstenerse de asignar arbitraria y unilateralmente un tiempo reducido para cada reunión.

 

  1. Que los temas enmarcados a la etapa de “Acuerdos Previos” se expliquen y discutan con las comunidades en lengua maya y se apoyen en materiales didácticos, incluyendo audiovisuales y con traducción al español para quienes no hablen la lengua maya.

 

El presente reporte se dará a conocer a la opinión pública y será entregado a las comunidades consultadas, a las autoridades responsables de la consulta, así como a otras dependencias y niveles del Estado Mexicano vinculados al proceso[6]

 

Organizaciones de la Misión:

Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C.

Investigador/es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Península de Yucatán

Investigador/es del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro INAH Yucatán

Investigador/es de la Universidad Autónoma de Campeche

Investigador/es de la Universidad Autónoma de Yucatán

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Centro de Investigación de la Efectividad de los Derechos Humanos

Investigación y Educación Popular Autogestiva, A. C.

Asociación de Consumidores Orgánicos

Oxfam México

Demanda Colectiva Maíz

Campaña Sin Maíz no hay país

Vía Orgánica, A. C.

Greenpeace México

México vía Berlín e. V.

Educación, Cultura y Ecología, A. C.

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C.

Kookay Ciencia Social Alternativa, A. C.

Radio Yu’Yuum

Diálogo y Movimiento, A. C.

 

[1] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

[2] “Primer reporte de observación de la consulta a pueblos y comunidades indígenas en los municipios de Hopelchén y Tenabo”.

[3] Testimonios de habitantes de las comunidades de Hopelchén.

[4] Información de habitantes que recibieron llamadas de autoridades responsable.

[5] Ver: Gabbert, Wolfgang. 2004. Becoming Maya. Ethnicity and social inequality in Yucatán since 1500. Tucson: University of Arizona Press; Güémez Pineda, Miguel A. 2008. “La lengua maya en el contexto sociolingüístico peninsular”. En: Esteban Krotz, coord., Yucatán ante la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pp. 115-148. México: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas/Universidad de Oriente; Quintal Avilés, Ella Fanny. 2005. “Way yano’one: aquí estamos. La fuerza silenciosa de los mayas excluidos”. En: Miguel A. Bartolomé, Visiones de la diversidad: relaciones interétnicas e identidades indígenas en el México actual, pp. 291-371. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

[6] Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Poder Judicial Federal; Gobierno estatal de Campeche; Gobierno Municipal de Hopelchén; Gobierno Municipal de Tenabo.

 

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